El fallo, de 37 páginas, deja en suspenso la aprobación de concesiones temporales en los mares de Beaufort, Bering y Chukchi, lo que representa una victoria para los defensores del ambiente y los abogados de las poblaciones locales en una región donde habitan osos polares, ballenas, focas, morsas y gran variedad de aves marinas.
Además de paralizar el programa, el tribunal de tres magistrados, en una opinión escrita por el juez ponente David Sentelle, ordena al Departamento del Interior que recabe más información sobre ambiente y vida silvestre en las regiones propuestas para la exploración y explotación de hidrocarburos.
La apertura de áreas adicionales de Alaska para la exploración y la explotación de hidrocarburos fue uno de los asuntos más polémicos durante la campaña presidencial de 2008, después que los precios del petróleo y de las gasolinas alcanzaron niveles sin precedentes.
Mientras que el candidato presidencial demócrata Barack Obama propuso una aproximación cautelosa y con análisis exhaustivos del impacto ambiental, los republicanos y en especial la candidata vicepresidencial, la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, abogaron por un comienzo expedito de esa exploración.
De hecho se convirtió en consigna de campaña de Palin la frase "A perforar, nena, a perforar" (Drill, baby, drill).
En agosto de 2005, cuando era presidente George W. Bush, el Departamento del Interior inició el proceso administrativo para ampliar las áreas de concesión dentro de la plataforma continental con miras a la búsqueda y explotación de yacimientos de gas y petróleo entre 2007 y 20012.
El programa incluyó la expansión de las concesiones a esos tres mares frente a las costas de Alaska, hasta entonces no abiertos a la exploración petrolera. Para Estados Unidos la plataforma continental se extiende de 3 a 200 millas (marinas) de la costa.
El Centro para Diversidad Biológica y los nativos de la aldea de Point Hope, entre otros, iniciaron una querella argumentando que las concesiones propuestas violaban la ley sobre plataforma continental, y que el Gobierno no había hecho estudios suficientes de la forma en que tal actividad afectaría a la fauna y el ambiente locales.
Aunque Sentelle y la jueza Judith Rogers no encontraron mucho mérito en los argumentos de los demandantes sobre el impacto ambiental de la exploración petrolera, sí estuvieron de acuerdo con sus argumentos en el sentido de que el Departamento del Interior no hizo un análisis adecuado de tal impacto eventual.