En un comunicado, la compañía ha valorado que este hecho pone de manifiesto la existencia de un debate jurídico sobre la consideración de Uber como una empresa que opera en el marco de la sociedad de la información y que presta sus servicios de intermediación en el ámbito europeo.
Ha recordado que es una plataforma tecnológica intermediaria que pone en contacto a usuarios independientes y que la Comisión Europea ha dejado claro que los Estados miembros "deben asegurar igualdad, proporcionalidad y no discriminación en el establecimiento de los servicios basados en las nuevas tecnologías como el de Uber".
Ha explicado que la cuestión relativa a la pertenencia a la sociedad de la información también fue recogida por el auto emitido el 27 de mayo por el Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid en el que, además, se levantó la obligación impuesta a operadores de telecomunicaciones de bloquear el acceso a la web y la aplicación de Uber, aunque este juzgado mantiene el proceso judicial dentro de la justicia española ordinaria.
Uber ha señalado que apuesta por la regulación por parte de las administraciones públicas del fenómeno de la economía colaborativa en España "para que sus ciudadanos puedan compartir recursos y realizar intercambios de bienes y servicios, con o sin remuneración económica, en un marco de seguridad jurídica", para lo que ha sostenido que está en constante diálogo con las autoridades competentes.