En el último año el número ha caído otro 2,4%, al reducirse en 15.000 personas, hasta un total de 597.437 personas que pagan estas contingencias, que "si bien tienen carácter voluntario, sin embargo son esenciales para buena parte de las actividades, como el transporte, la construcción o la hostelería", apunta UPTA.
La organización considera que la causa principal es la falta de información, ya que la administración de la Seguridad Social "no permite a las mutuas colaboradoras realizar ningún tipo de esfuerzo informativo".
No obstante, subraya que la prueba de que el colectivo es "sensible" lo demuestra el hecho de que desde 2010 a 2011 el número creció en más 100.000 personas, después de una campaña realizada por la Seguridad Social acordada con las principales asociaciones de autónomos.
Asimismo, UPTA explica que el desconocimiento de este derecho y sus ventajas hace que muchos autónomos cuando sufren un accidente no puedan acceder a porcentajes superiores de prestación sobre sus bases de cotización y reciben con retraso la prestación, así como renuncian a cuidados de rehabilitación que les permitiría reanudar antes sus trabajos.
Otra de las causas es la falta de incentivos, apunta UPTA, que indica que esta situación viene dada por la dificultad de prueba para demostrar ante las entidades gestoras de que se trata realmente de un accidente producido durante o por causa del trabajo, y el no reconocimiento del denominado accidente in itínere.
De esta forma, considera que hace falta una modificación en profundidad del sistema para los trabajadores por cuenta propia. En concreto, modificar las tarifas, que no tienen por qué coincidir con las del Régimen General, establecer coeficientes reductores especiales para las actividades con más siniestralidad para acceder a la jubilación anticipada, entre otras.
El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, recalca que "resulta urgente estudiar una universalización de estas contingencias, al menos para las actividades que se consideren de mayor riesgo, siempre y cuando las prestaciones previstas sean realmente incentivadoras y respondan con eficacia a las necesidades del colectivo".