En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta defiende que "es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema" de las más de 477.350 familias que se vieron afectadas directamente por esta estafa piramidal, que salió a la luz hace casi nueve años.
La demora en la devolución de los más de 4.800 millones de euros estafados a resultas tanto del concurso de acreedores de las compañías como de los procedimientos judiciales llevó al Ejecutivo a habilitar, en 2007, una línea especial del ICO dotada con 500 millones de euros para adelantar el 15% del dinero a los afectados, sin cobrarles intereses remuneratorios durante cinco años.
Sin embargo, en diciembre de 2011 el Ministerio de Economía decidió prorrogar otros dos ejercicios la vigencia de la medida, si bien incluyendo ya un 3,5% de interés a los beneficiarios. Según datos del pasado mes de febrero del ICO, de los 170 millones de euros concedidos por esta vía ya se han devuelto 119 millones, mientras que los impagos apenas suponen el 2,64% del dinero por valor de 47,9 millones de euros.
NO ES SUFICIENTE
Sin embargo, la formación magenta no cree que la línea ICO sirva para "dar respuesta a la situación en que se encuentran numerosísimos consumidores que fueron víctimas" de esta estafa, y a los que aún aguarda un largo camino judicial. Por eso, "es preciso y urgente encontrar una respuesta eficaz al problema", cree UPyD, que recuerda que las asociaciones de afectados han planteado algunas alternativas que "darían una satisfacción razonable y, sobre todo, anticipada en el tiempo".
Por eso, se insta al Gobierno a arbitrar soluciones para los estafados en los casos de Fórum Filatélico, Afinsa Bienes Tangibles y Arte y Naturaleza Gespart, autorizando en los casos que se considere conveniente a que el ICO adquiera la deuda que los consumidores tienen reconocida como crédito ordinario en los correspondientes procesos concursales a cambio de un determinado porcentaje de su valor nominal.
Una fórmula que "no es nueva", ya que se utilizó en el escándalo de la cooperativa Promoción Social de Vivienda (PSV), y que además "no tendría por qué producir un incremento del déficit público puesto que el ICO adquiriría un activo en procedimientos concursales que, además, le supone un desembolso real equivalente menor al nominal de los concursos que adquiere".