En la iniciativa, que recoge Europa Press, la formación magenta defiende que sería "aconsejable y técnicamente sencillo" contar con un índice en el que se reflejen los precios de los bienes y servicios que usan los pensionistas, con un mayor peso para los productos que les afectan en mayor medida (como la luz, el gas, la alimentación o los medicamentos) y menos importancia para otros que casi no consumen (como los juguetes, la enseñanza o la ropa infantil).
"Tales distinciones no son sutilezas académicas, sino que tienen una gran importancia práctica", insiste la formación que lidera Rosa Díez, que cree que este nuevo indicador específico permitiría a las administraciones públicas "conocer mejor la evolución del poder adquisitivo de los pensionistas" y, así, garantizar su mantenimiento.
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN
En este sentido, UPyD recuerda que la Constitución Española obliga a los poderes públicos a garantizar que las pensiones públicas son "suficientes, adecuadas y periódicamente actualizadas", matizando que la Carta Magna no se refiere únicamente a la cuantía inicial que perciben los jubilados sino a la de todo su periodo de retiro.
Además, señala que la revalorización "no puede entenderse como un simple acto formal de actualizar las pensiones en las cantidades que coyunturalmente encajen en la política económica del partido que gobierne, sino que una interpretación racional lleva a considerar que las pensiones se deben actualizar para que sigan siendo 'adecuadas'".
Una obligación que se ve en "riesgo", a juicio de la formación magenta, con la última reforma del Gobierno del PP, que entró en vigor el pasado 1 de enero y que deja de vincular la revalorización a la inflación para tener en cuenta los ingresos y gastos del sistema, con un techo (IPC más 0,5%) y un suelo (0,25%) de incremento.
"Como el PP niega que la pérdida continuada del poder adquisitivo que prevén el resto de grupos parlamentarios vaya a producirse, sería importante contar con los indicadores adecuados para medir correctamente la evolución del poder adquisitivo de las pensiones, para que pueda dilucidarse esta cuestión mediante un debate público informado en el futuro", concluye la formación.