Así lo recoge en una pregunta escrita al Gobierno, a la que ha tenido acceso Europa Press, haciendo referencia a la orden dictada el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Hacienda, con la que se determina que desde el 1 de enero de 2014 la "gran mayoría" de autoliquidaciones y declaraciones informativas de naturaleza tributaria deberán presentarse por medios electrónicos.
"Esta decisión, en relación con las personas físicas, resulta de dudosa conveniencia y legalidad por numerosos motivos", apunta Anchuelo, recordando por ejemplo que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 30% de los hogares españoles no tienen acceso a Internet y que no todos los ciudadanos que sí pueden conectarse son "capaces" de cumplir con sus obligaciones con el Fisco de esta manera.
PROMOVER EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
A renglón seguido, el diputado recuerda que tanto la Ley General Tributaria como la Ley de Acceso electrónico a los servicios públicos son "muy claras" en este sentido, ya que ambas normas obligan a las administraciones a "promover" el uso de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios tributarios, pero siempre garantizando que "la relación de los ciudadanos por medios electrónicos se establece como algo potestativo y no imperativo".
"La norma dice que 'los ciudadanos podrán relacionarse' con la Administración por vía telemática, no que 'deberán' hacerlo así", insiste Anchuelo, que insiste en que éste es "un derecho para los ciudadanos y una obligación correlativa para las administraciones", y no a la inversa, y que "son los ciudadanos y no la Administración los que pueden elegir en todo momento la manera de comunicarse con las administraciones públicas".
El diputado de la formación magenta también recuerda que los poderes públicos sólo podrán usar los medios telemáticos cuando los ciudadanos lo hayan solicitado, y únicamente podrán obligar a los ciudadanos a usar esta vía de comunicación cuando "se trate de grupos o colectivos que, por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados, tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos".
"Es decir, que el que una persona física se vea obligada a relacionarse con la Administración por medios electrónicos es algo de carácter excepcional, siempre sobre la base de que ese deber venga justificado por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos de igual peso, que no se pueden predicar de la ciudadanía en general por motivos de mera comodidad de la Administración, haciendo caso omiso de lo dispuesto en las normas citadas", reprocha el portavoz parlamentario.
Por todo ello, Anchuelo pregunta al Ejecutivo qué medidas pondrá en marcha para "dejar sin efecto" la orden ministerial y "restituir a los ciudadanos" la posibilidad de presentar su documentación tributaria en soporte físico "como marca la ley".