"Hacer que las pensiones dejen de crecer de acuerdo con el IPC es no garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas y empobrecer a los actuales y futuros pensionistas ¿O es que ahora la luz, el gas, los combustibles, los alimentos básicos, etc., crecerán menos que el IPC?", se pregunta.
USO rechaza estos planteamientos e insiste en recordar al Gobierno que el principal factor de sostenibilidad del sistema español de pensiones es el empleo estable, que garantiza los ingresos al sistema. "Este el factor que hay que implementar y al que el Gobierno debe dirigir todos sus esfuerzos", subraya.
Según el sindicato, lo anunciado hasta este momento parte de una premisa falaz: que el sistema no es sostenible. "El sistema español de reparto es perfectamente sostenible en el momento en el que seamos capaces de generar empleo abundante y de calidad y, por tanto, aumente la cuantía de las cotizaciones a la Seguridad Social", asegura.
La central cree que conviene recordar que para profundizar más en reforma del sistema el Gobierno de Mariano Rajoy encargó un informe sobre la reforma del sistema de pensiones a un Comité de Expertos, que lo entregó el pasado junio. El mandato era desarrollar un factor de sostenibilidad para el actual sistema de reparto, con la intención de adelantar la aplicación del mismo prevista en la reforma de las pensiones que aprobó el anterior Gobierno.
Así, indica que el Comité centró todo su análisis en el riesgo de desequilibrio demográfico, por la prolongación de la esperanza de vida, tendencia que considera en sí misma positiva, pero según los últimos datos del INE la esperanza de vida al nacimiento se redujo ligeramente respecto al año anterior, cifrándose en 82,2 años.
"Por tanto el ligar el futuro de las pensiones a este sólo hecho, que puede verse afectado por factores de todo tipo, es decir introducir reformas para aminorar el gasto sin preocuparse de la generación de ingresos y por tanto del empleo, son simplemente un despropósito", incide.
También cuestiona que uno de los factores que afectan al sistema, como es la edad legal de jubilación, que ya se ha modificado al elevarla en dos años, hasta los 67, no se toma en consideración en la definición del futuro factor de sostenibilidad. "También se olvidan que el porcentaje del PIB que dedicamos a pensiones es inferior a la mayoría de los países de nuestro entorno", indica.