El representante legal de Vecinos por Alicante, José Luis Valdés, ha comunicado al Banco de España una relación de las presuntas irregularidades en la gestión de Caja Mediterráneo (CAM), que ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante el pasado mes de abril, según ha informado en un comunicado esta formación política.
Valdés ha aclarado que la documentación aportada a la Fiscalía y al Banco de España está basada en las informaciones publicadas en los distintos medios de comunicación de la ciudad, debido a la imposibilidad de acceder de forma oficial a los datos obrantes en dicha entidad.
Al respecto, Vecinos Por Alicante ha explicado que conocía las responsabilidades que tienen tanto el Instituto Valenciano de Finanzas, como el propio Banco de España, en el tema del control y fiscalización permanentes del funcionamiento de las entidades financieras de ahorro.
"Nos sorprendía que ninguna de las dos entidades mencionadas, con las noticias que estaban apareciendo, no tomaran de forma inmediata ya en aquellas fechas, medidas de intervención directas", ha indicado.
Así mismo, esta formación ha considerado que ambos organismos de control conocían "los despropósitos e irresponsabilidades económicas que se estaban efectuando en la nombrada CAM desde hace años", y ha lamentado que "desde la fecha en la que se dictó la Ley de control de las cajas de ahorro, no se hubieran tomado ya, en aquellos tiempos, medidas correctoras, y que ese hecho haya dado lugar a la situación actual".
Con la reciente nacionalización de CAM, Vecinos Por Alicante ha solicitado al Banco de España que acepte esta denuncia y petición de que se hagan públicos los detalles técnicos y legales que han obligado, esta vez sí, al Banco de España, a la mencionada intervención.
Además, reclama que se dé a conocer "el montante económico total, de dinero público, que es necesario para mantener en activo a la mencionada entidad", así como los resultados de todas las auditorías que se hagan.
En este sentido, ha pedido que se dé transparencia en torno a las operaciones presuntamente fraudulentas, o de malversación de caudales o de activos financieros, de aprovechamiento de situaciones de ventaja por la posición dominante de sus dirigentes.
La formación política ha estimado preciso que, una vez conocidas dichas auditorías, el Banco de España denuncie ante el poder judicial correspondiente los hechos, para que se analicen, "se deriven y depuren las responsabilidades personales que correspondan, por las presuntas malas gestiones realizadas por los actuales y anteriores directivos y gestores de la entidad".
En el caso de prosperar esta denuncia, José Luis Valdés también ha mostrado su deseo de adherirse como acusación popular a este caso, según recoge el mismo escrito.