El PP valenciano cede tres consejerías a Vox y asume su lenguaje en el pacto de Gobierno

Cultura, Agricultura y Justicia e Interior son las tres consellerías, que Vox ostentará en la Comunidad Valenciana tras su acuerdo con el PP para un Gobierno de coalición presidido por Carlos Mazón. El pacto se parece -y mucho- al de Castilla y León, donde el equipo de Juan García Gallardo tiene en sus manos Cultura, Agricultura e Industria. En la Comunidad Valenciana, la formación de Abascal, tendrá capacidad de decisión directa sobre la tauromaquia, los regadíos, la violencia de género, o la inmigración que están entre sus materias mas habituales de confrontación con los gobiernos de izquierdas, tanto el central como el autonómico de la Comunidad Valenciana.

Apenas 24 horas después de sellar el pacto, el PP de Carlos Mazón ya ha empezado a hablar como lo hace Vox, aceptando los términos que impone. Al igual que ocurrió en Castilla y León, en el documento del acuerdo no se encuentra el término "violencia de género" y en su lugar, aparece "violencia intrafamiliar", las palabras con las que Vox niega la violencia contra las mujeres.

Eso, después de una campaña en la que el PP ha denunciado la desaparición de ocho juzgados de violencia de género, algo que tanto el Consejo General del Poder Judicial, como Justicia y la consejera en funciones del Gobierno de Ximo Puig, Gabriela Bravo, niegan rotundamente a preguntas de NIUS.

De momento, solo ha trascendido el nombre de uno de los consejeros al frente de los departamentos cedidos a Vox. Se trata de Vicente Barrera, torero, nieto de torero emblemático, y abogado de profesión. Su nombramiento como conseller de Cultura, y además como vicepresidente, es toda una declaración de intenciones en lo relativo a la gestión cultural y de la tauromaquia, tan debatida en los últimos años. Séptimo en la lista de Vox para el Ayuntamiento de Valencia en las elecciones municipales de 28 de mayo, Barrera se reivindicaba como "parte de la cultura de este país que son los toros".

Las decisiones simbólicas vienen están respaldadas, negro sobre blanco, en el comunicado conjunto de las dos formaciones sobre su programa de Gobierno, y con toda seguridad, los toros van a ser uno de los sectores bien tratados en el Ejecutivo.

Hace solo unos meses, el Govern valenciano tenía una bronca interna, precisamente a cuenta de las corridas de toros. La vicepresidenta Aitana Mas, de Compromís, proponía su prohibición. El presidente Ximo Puig, del PSPV rechazaba esa idea y negaba que contemplaran un veto a la tauromaquia en la comunidad de los Bous al Carrer, aunque sí estaban dispuestos a modificar la normativa. En Valencia capital, los toros están prohibidos desde 2018. Teniendo en cuenta que en esa ciudad también habrá un ayuntamiento de PP y Vox, todo apunta a que se levantará el veto y a que las corridas volverán al coso de la calle Xàtiva.

El comunicado emitido por PP y Vox este jueves no habla específicamente de los toros, pero deja claro que defenderán las "tradiciones, fiestas, modo de vida y actividad económica, esencial para el desarrollo de la Comunitat Valenciana y de toda España" del mundo rural, y en ese ámbito, los festejos taurinos tienen mucho protagonismo.

En el asunto de los toros, también tendrá mucho que decir la Consellería de Agricultura, que es la que decide sobre la gestión ganadera. En la pasada legislatura, se negaron las ayudas contra los efectos del covid a esos ganaderos. Ahora que el departamento es del partido de Abascal, el sector espera estar más cuidado.

En el capítulo de subvenciones, también se suprimirán algunas concedidas por la administración de PSOE y Compromís a "grupos vinculados al catalanismo y entidades que defienden los 'Països Catalans", como la Plataforma per la Llengua, conocida como la ONG del Catalán.

Consciente de que el mensaje de Vox ha calado entre muchos agricultores y ganaderos, y que su peso en la Comunidad Valenciana representa el 6,9% del total nacional del sector, el acuerdo tiene medidas claramente dirigidas al sector primario: entre ellos, aplicar medidas fiscales, impulsar "la ampliación de regadíos en el sector primario" o defender "en todas las instancias la política de trasvases, como el del Tajo-Segura. PP y Vox planean, según el documento, exigir " un plan nacional del agua y de un pacto por el agua que respete el derecho a este bien esencial".

Claro que para que eso tenga efecto, tendrán que esperar a que el Gobierno cambie de manos, algo que según las encuestas es probable, pero que a cinco semanas de las elecciones no es un hecho.

El Ejecutivo de Sánchez ha sido contundente contra el plan de Juanma Moreno en Andalucía de ampliar los regadíos de Doñana, y lo mismo con los trasvases. De hecho, en enero, el Gobierno aprobó, con el aval unánime del Consejo de Estado la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo que afecta al del Segura, que supone un importante recorte contra el que los agricultores de la región clamaron con todas sus fuerzas.

Si hay dos materias en los que Vox hace hincapié siempre que puede es en la inmigración y en la violencia de género. Se han convertido en el principal ariete contra la primera y el gran negacionista de la segunda. Pues bien, las competencias sobre ambos asuntos estarán en sus manos a través de la Consejería de Justicia e Interior.

Sobre la migración, un párrafo en el que no se habla de derechos de ningún tipo: "La Generalitat Valenciana dentro del ejercicio de sus competencias pondrá en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado los posibles casos de inmigración ilegal con especial atención a las mafias organizadas. De igual manera eliminaremos las subvenciones a entidades que amparen estas prácticas", promete el nuevo gobierno valenciano, que en su último punto, señala como prioridad "asegurar el orden público y la seguridad de los barrios·, porque son los pilares de su Ejecutivo, una seguridad y un orden, que según el discurso de Vox, están alterados por la población migrante.

 Sobre violencia de género, erradicación del término para empezar la andadura: "Defenderemos los derechos de las familias y promoveremos políticas que perseguirán erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren mujeres y niños, garantizando la igualdad entre todas las víctimas".

El PP que este mismo viernes acusaba al PSPV de eliminar ocho juzgados de violencia de género, y que durante toda la campaña ha hablado de recuperarlos, ya no habla de violencia de género y no hace mención sobre esos juzgados tras su acuerdo con el partido liderado a nivel regional por Carlos Flores Juberías, condenado en su día por violencia de género.

PP y Vox también anuncian la derogación de "las normas que atacan la reconciliación en los asuntos históricos", es decir, las de memoria democrática o histórica. Obviamente, desde la Comunidad Valenciana no pueden derogar la Ley de Memoria Democrática del Gobierno central, pero sí pueden hacerlo con la normativa autonómica, y están decididos a hacerlo.

La norma valenciana de Memoria histórica es de 2017 y además de la reparación de las víctimas, comprende un censo de víctimas y un plan de búsqueda de enterrados en fosas comunes y zanjas. Su nombre, es ley de Memoria Democrática y para la Convivencia, pero está claro que el nuevo ejecutivo no quiere convivir con esa norma.

Lo que no aparece en el programa conjunto son referencias a lo que el PP defendió durante la campaña sobre violencia de género, donde sí hablaba claramente de violencia contra la mujer. En ese sentido, anunciaban que reforzarían e impulsarían los juzgados específicos; que pondrían en marcha planes para hacer valoraciones rápidas de riesgo, o que se reforzarían los medios telemáticos para asegurar las órdenes de alejamiento.

En su programa, en mítines y en entrevistas, hasta este mismo jueves por la mañana, Carlos Mazón insistía en que el Ejecutivo de Puig ha eliminado ocho juzgados específicos, algo para lo que la Generalitat no tiene competencias.

Nius ha preguntado al ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y la actual Consejería de Justicia en funciones, que niegan esa supresión. Todos los organismos explican que es una reorganización, que consiste en derivar los asuntos de violencia de género a otros juzgados, cercanos y específicos.

El procedimiento por el que se crean nuevos juzgados es el siguiente:

En los casos como la Comunidad Valenciana, donde las competencias de Justicia están transferidas, es la autonomía la que pone instalaciones, medios y oficinas. Justicia y el CGPJ proveen al juez y el letrado de la Administración de Justicia.

Gabriela Bravo explica a Nius en conversación telefónica, que de los siete juzgados nuevos de violencia de Género que se han implantado este año, cinco han ido a parar a la Comunidad Valenciana. Es decir, que su consejería no ha eliminado juzgados sino que los ha creado.

En cuanto a los ocho que ya no atienden casos de violencia de género, apunta que se trataba de juzgados mixtos, donde los jueces se ocupaban también de otros asuntos. Con la remodelación, lo que se hizo fue llevar esos casos a juzgados cercanos, exclusivos y especializados.

Asegura que la distancia que tienen que recorrer la mayoría de las víctimas aumenta, como mucho en diez minutos y a veces ni eso. Además, esta fórmula recorta tiempos de espera y las víctimas se encuentran con equipos formados y especializados. En cuanto al traslado desde el lugar de la denuncia al juzgado, corre a cuenta de la Generalitat, que también se ocupa de que las mujeres vayan acompañadas por un equipo de apoyo.

En el PP responden a NIUS que lo de la "reorganización" es una forma "suave" de decir eliminación y se remiten a su programa, donde se planteaba derogar el decreto ley que la aprobaba, claro que se trata de un decreto del Gobierno, que difícilmente podrá tumbar una comunidad autónoma.

Tras conocerse que Vox ocupará la Consellería de Justicia, Bravo está convencida de que se van a dejar de financiar las oficinas de denuncias específicas para violencia de género, una medida pionera de su departamento que ahora ve peligrar. No solo eso, también está convencida de que no van a pedir más juzgados especializados.

Recuerda Bravo que en 2010, el CGPJ y Justicia plantearon abrir 10 nuevos juzgados de violencia de género, pero la comunidad, gobernada por el PP dijo que no tenía dinero para ponerlos en marcha y lo dejó pasar.

La consejera en funciones, que se hizo cargo de una consejería que tenía un presupuesto de 240 millones, lo deja con 600 millones de euros, un montante que tendrá que gestionar el partido que se niega a llamar violencia de género a los asesinatos machistas.