Una mujer recrimina a Eduardo Zaplana que no guarde el turno a las puertas de los juzgados: "Haz la cola"

El expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana ha vivido un momento incómodo a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Valencia para declarar por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones, el conocido como caso Erial, por el que fue detenido en 2018 y permaneció casi un año en prisión. A su entrada a los juzgados, una mujer que aguardaba su turno para pasar por el control de seguridad le ha recriminado que él no hiciese lo mismo. "Haz la cola", le ha dicho repetidas veces.

Dispuesta a que el exministro no se adelantase, ella misma ha pasado por la puerta delante de él hasta que los agentes de la Guardia Civil han frenado su paso. "Yo llevo aquí desde las 9.30 horas y viene este hombre con su caradura y con las cámaras, pues hazme fotos a mí", ha espetado la mujer.

"Detrás de mí, haz la cola", ha dicho a Zaplana sin apartarse. Finalmente, ha sido un agente de la Guardia Civil quien ha permitido que Zaplana se pusiera por delante de la mujer, que ha continuado arremetiendo contra el exministro. "Descarado", ha espetado al tiempo que un guardia civil la dejaba pasar justo detrás de él.

Y no ha sido el único momento incomodo que ha vivido el exministro del PP. Otra persona, tras una pancarta, ha coreado cada vez uno de los acusados entraba a los juzgados '¿Dónde está el dinero de los valencianos?'.

En respuestas a los medios de comunicación, que le esperaban en la puerta de la Ciudad de la Justicia de Valencia, ha asegurado que sí va a declarar por el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunidad Valenciana.

"Hoy comienza el juicio y sí voy a declarar", ha señalado. Además, preguntado por si está preocupado por los posibles pactos alcanzados por algunos acusados con la Fiscalía, ha respondido: "El juicio es muy largo".

El 'expresident' se enfrenta a una pena, tal y como le reclama el ministerio fiscal, de 19 años de prisión por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como caso Erial. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

El fiscal anticorrupción cifra en 20.606.364 euros el total del dinero obtenido de forma delictiva mediante operaciones de corrupción por parte de Zaplana y su organización, un grupo acusado de operar a través de sociedades radicadas en el extranjero, creadas con el propósito de recibir sobornos por las adjudicaciones predeterminadas y para ocultar el origen ilícito de los bienes, contribuyendo a su transformación e integración posterior en el circuito económico, según consta en la calificación de la acusación pública.

De este importe, 6.734.026 euros fueron decomisados en cuentas suizas. En total, el fiscal acusa, junto con Zaplana, a otras 14 personas más, vinculadas directamente al 'expresident' y que le ayudaron en la operativa.

De ellos, reclama la mayor pena de prisión, tras el exministro, al que fuera su jefe de Gabinete, Juan Francisco García, para el que pide 14 años de cárcel por blanqueo, cohecho y falsedad, la misma condena que solicita para los hermanos Vicente y José Cotino, adjudicatarios de los planes eólico y las ITV tras el proceso cuestionado. En la causa estuvo también investigado hasta su fallecimiento Juan Cotino, exconseller y expresidente de las Cortes Valencianas, sobrino de los anteriores.

Según señala el fiscal en su escrito, la venta de las participaciones de las empresas de las ITV y Parques Eólicos reportó a la empresa de los Cotino, en las distintas sociedades controladas por los hermanos, más de 86,5 millones de euros, "lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por las adjudicaciones".

Junto con Zaplana, el fiscal sostiene que otras tres personas formaban el núcleo duro de la organización criminal: Francisco Grau, a quien considera el "financiero" de la organización y encargado de gestionar los fondos y Joaquín Miguel Barceló, el testaferro, que aparecía "al exterior" en las sociedades mercantiles y titulaba el dinero que acabó distribuido en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra (donde se localizaron 9,8 millones de euros). Para ambos reclama ocho años de prisión y 20 millones de euros de multa por organización criminal y blanqueo, al igual que para la exsecretaria del expresident, Mitsouko Henríquez.

Además de estos acusados, figuran los hermanos Elvira y Saturnino Suances, --ella exdiputada del PP--, como los administradores y encargados de recuperar el dinero de Andorra y para los que pide cinco años de prisión y multa de ocho millones de euros; el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, con intervención en la adjudicación de ese plan eólico, y para quien reclama seis años de cárcel, y una serie de empresarios y amigos que "colaboraron" para ocultar la procedencia delictiva del dinero y auxiliaron a Zaplana para el aprovechamiento del dinero retornado a España para su uso personal.

Entre estos últimos se encontrarían Francisco Pérez López; Ángel Salas; Robert Edgar Bataouche; Pedro Romero y Carlos Gutiérrez, que se enfrentan a siete años de cárcel el primero y a cinco años de cárcel el resto. 

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