La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido a la Fiscalía que el juzgado investigue quién está detrás de supuestos seguimientos, espionajes y grabaciones a los que se ha visto sometido el vicepresidente, Ignacio González.
Esta nueva información sale a la luz un día después de que el mismo periódico publicase que el consejero de Interior, Francisco Granados, tenía un servicio secreto "extra oficial", que se dedicaba a espíar y elaborar informes sobre tramas de corrupción que afectaban a ayuntamientos madrileños dirigidos por socialistas. Ambas investigaciones, sin embargo, no aparecen relacionadas.
Según esos informes el viaje del vicepresidente madrileño a Cartagena de Indias (Colombia) -como responsable del Canal de Isabel II- estaría vinculado a operaciones irregulares. Las personas que realizaron el seguimiento y grabación de Ignacio González conocían el día de llegada, el vuelo, el hotel en el que se iba a alojar, la habitación, y el programa de actos y visitas del vicepresidente madrileño y pudieron incluso formar parte de su séquito.
"El País" asegura que el informe habla de una presunta relación del vicepresidente regional con una de las personas que se incorporaron a la comitiva, un constructor, J.B., que supuestamente tenía parentesco con el jefe de una trama delictiva. El vicepresidente madrileño ha dicho no conocer de nada al citado constructor.
Las fotografías con cámara oculta que incluye el informe están seguidas de insinuaciones: "Acompañantes de Ignacio González acudiendo y entrando en el inmueble ubicado en..., acceden al inmueble con las bolsas blancas que se pueden apreciar y abandonando a los diez minutos el inmueble sin las citadas bolsas. González acompaña a estas personas que han viajado con él desde Madrid".
En el segundo informe, fruto de otro seguimiento, se le acusa de que un viaje personal de Granados a Sudáfrica (unos 8.000 euros de coste) se lo regaló Enrique Sánchez González, propietario de las empresas Sagital y Segurisa, contratista de la Comunidad de Madrid, como supuesto pago por la adjudicación de contratos públicos multimillonarios.
El contratista lo acompañó, con su esposa, en el viaje. Todos los pagos fueron en efectivo. González rechazó las acusaciones del informe: "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero no es amigo mío, ni le adjudiqué nada", ha explicado.
Contrataciones para "contravigilancia"
El Gobierno regional estáría preocupado, según "El País", por si este grupo parapolicial tiene relación con la contratación por la consejería de Interior del ex policía, Marcos Peña, que dirige a un equipo de tres ex guardias civiles para tareas "de contravigilancia", según Granados. El propio Peña ha declarado que está encargado de investigaciones sobre tramas de corrupción que afectan a dirigentes socialistas o sobre escándalos en el sector de las discotecas de la capital de España pero asegura no haber hecho seguimientos personales a políticos.
Entre las competencias legales de la consejería de Interior no figuran tareas de espionaje, ni siquiera la recopilación de información sobre tramas de corrupción que están siendo investigadas por la administración de Justicia.
Granados contrató al ex policía Marcos Peña en el verano de 2008. Con anterioridad, la Comunidad vivió otro supuesto caso de espionaje que acabó con la destitución del director general de Seguridad, Sergio Gamón, por registrar unas oficinas de la Consejería de Justicia y requisar un ordenador donde, supuestamente había un dossier contra el propio Granados.
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