El director de la organización en España, Esteban Beltrán, ha destacado, durante al presentación del estudio, que "España no ha hecho los deberes respecto a los derechos de justicia y reparación en los casos de desapariciones forzadas en la Guerra Civil".
El informe destaca que España ha ratificado la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, pero no lo incluye como delito en el derecho español.
Sobre la jurisdicción universal, considera un retroceso la aprobación en el Parlamento "sin ningún debate específico al respecto" de la reforma de la Ley del Poder Judicial, el pasado mes de octubre, que limita su aplicación a los casos de víctimas españolas o con algún "vínculo de conexión relevante" con España y en los que el presunto acusado estuviera en España.
En este sentido, el magistrado emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas, José Antonio Martín Pallín, ha destacado "el privilegio" de que el juez Baltasar Garzón iniciara la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet porque "relanzó" la Jurisdicción Universal.
"El trabajo de Garzón generó una marea imparable y se fueron ajustando cuentas en Argentina, en Chile o Sudáfrica, hasta el momento actual, en el que en España se cercena de forma muy significativa" la justicia universal, ha opinado.
A pesar de la restricción, el magistrado considera que se ha abierto la brecha "del vínculo de conexión relevante con España", por la que la defensa de los derechos humanos pertenece a todos los países y por tanto "ningún juez español puede ser ajeno a la violación de estos derechos".
Sobre las desapariciones forzadas, el magistrado ha señalado que "nada impide que un juez pueda investigar si aparecen en fosas cadáveres con signos evidentes de violencia", ha dicho Pallín.
Como aspectos positivos, el informe destaca las reformas en la legislación de asilo, que amplía los motivos para reconocer la condición de refugiado a las personas que sufren persecución por motivos de género y orientación sexual; y la de la Ley de Extranjería, que garantiza el acceso de las ONG a los centros de detención de inmigrantes. EPF
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