La Fiscalía Anticorrupción ha pedido penas de cárcel de entre dos y cinco años para cada uno de los 50 ciudadanos procedentes en su mayoría de Nigeria acusados de formar parte de una organización criminal que realizó estafas entre 2005 y 2008 con el envío de las conocidas como 'cartas nigerianas', un timo consistente en la remisión de emails donde los beneficiarios constan como premiados por la lotería.
La Fiscalía ha informado de que solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Madrid, al mantener en su escrito de acusación que el medio centenar de investigados cometieron delitos de asociación ilícita, delito continuado de falsedad en documento oficial y de comercio y delito continuado de estafa.
Concretamente, en el caso del delito de asociación ilícita, Anticorrupción pide imponer a cada acusado la pena de dos años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y multa de veinte meses a razón de cien euros el día, es decir, 60.000 euros en total.
En el caso de los acusados por delito de falsedad continuado en concurso con el delito de estafa, la pena de prisión asciende a cinco años y seis meses, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y multa de diez meses a razón de cien euros el día, 30.000 euros en total.
10.000 EUROS POR VÍCTIMA
Los perjudicados recibían sucesivas peticiones de dinero de los delincuentes con el pretexto de satisfacer gastos y comisiones bancarias, tasas o seguros. "Es tan eficaz el engaño con algunas víctimas que algunas han realizado varios pagos", explica la Fiscalía, que solicita una responsabilidad civil por la que los cincuenta acusados tendrían que indemnizar solidariamente a los perjudicados, en una cantidad que supera de media los 10.000 euros por víctima.
En su escrito, la Fiscalía explica que el 'fraude de las loterías' o de 'cartas nigerianas' consiste en un timo de "gran alcance por la forma indiscriminada y aleatoria en que sus perjudicados son seleccionados y por su reiteración, permanencia y continuación de actos en el tiempo". Los acusados, generalmente nacionales de Nigeria, forman parte de una misma organización criminal centrada, entre otras, en las provincias de Madrid, Málaga, Valencia y Almería, desconociéndose, según el Ministerio Público, la identidad de las personas que ostentan la jerarquía de dicha trama.
Para otorgar apariencia de veracidad al fraude, la trama llegaba a incorporar a sus documentos el sella del Notariado europeo, así como el Escudo Nacional y los logotipos y anagramas de varios ministerios españoles y organismos de loterías o compañías aseguradoras.
La Fiscalía asegura que los "millones" de personas que cada año reciben estas cartas enviadas desde España a ciudadanos que viven en el exterior hacen caso omiso de las mismas, aunque estima en "considerable" la cifra de los que responden a los estafadores a través de llamadas telefónicas o mensajes de fax, por lo que se les apremia para que hagan efectivo al importe de entre el 0,5 y el 2 por ciento del importe supuestamente del premio en concepto de impuestos.