En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha presentado un informe al anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial que intenta acabar con el "principal reproche" de los ciudadanos hacia la Administración de Justicia, como es la lentitud en la resolución de los casos.
Introduce el modelo de tribunales provinciales de instancia, que aprovechará las actuales sedes judiciales y acabará con los jueces de paz, y refuerza la protección de los jueces para evitar que sientan "gravemente" perturbada su independencia judicial.
Podrán solicitar que los asuntos sean instruidos por un tribunal colegiado frente a "influencias" externas. Los casos de gran complejidad o con un elevado número de personas implicadas también serán conocidos conjuntamente por tres jueces.
Por "coherencia", ha dicho Gallardón, la Audiencia Nacional instruye casos de un alto grado de complejidad y por ello será un tribunal formado por tres jueces el órgano que asumirá sus investigaciones.
Gallardón también ha "mantenido" que los magistrados no puedan "hacer valoraciones de actualidad sobre asuntos pendientes y resoluciones judiciales". "El juez no debe contamianrse al poder ejercer su función jurisdiccional introduciéndose en un debate ajeno que es competencia de otros poderes del Estado", ha justificado.