La sede del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas mostraba hoy la estampa de un día normal, con la guardia habitual, y sin ningún indicio que permitiera adivinar que la decisión de Zelaya de destituir, el miércoles, al jefe de ese organismo, el general Romeo Vásquez, había llevado a Honduras a un punto crítico.
El cese, invalidado al día siguiente por la Corte Suprema, se produjo después de que Vásquez se negara a colaborar con el presidente en la consulta para preguntar a la población si en los comicios de noviembre se debe votar también la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reforme la Constitución.
La oposición acusa a Zelaya de querer hacer una reforma constitucional que le abra las puertas a una reelección en el futuro, posibilidad que el presidente ha negado reiteradamente aunque ha dejado entrever que se lo replantearía si la "voluntad popular" le pidiera volver al poder.
No muy lejos de allí, dos líneas de policías antidisturbios y de militares resguardaban el acceso al Congreso Nacional, el órgano unicameral que permaneció hoy cerrado después de que en la víspera viviera una larga sesión que comenzó con la petición de investigar "las acciones" del gobernante y acabó sin ningún acuerdo.
El mandatario tampoco se dirigió hoy a la nación, después de dar por superada la tensión el jueves.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo hoy a Efe que la situación política del país "sigue siendo difícil, pero es superable mediante el diálogo".
"Se mantiene la presencia militar de ayer, pero puede disminuir en la medida en que, mediante el diálogo, se encuentre una solución", agregó Vásquez.
Porfirio Lobo, candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre por el Partido Nacional -el principal de la oposición-, indicó a Efe que "ya hoy aparentemente hay mucha más tranquilidad" en el país.
A juicio de Lobo, la tensión llegó a su punto máximo el jueves, después de que el miércoles en la noche "el presidente destituyó, violentando lo que es la legislación, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas", después de que éste alegara que la Justicia del país había declarado la consulta ilegal.
Agregó que esa situación generó "mucha efervescencia parlamentaria" e hizo surgir la propuesta en el Legislativo para que se investigue la actitud de Zelaya, moción que finalmente quedó aplazada, como la sesión del Parlamento, que permanece inactivo hasta nuevo aviso.
El líder opositor señaló que el presidente "aparentemente" va a hacer" la consulta el domingo, y que el resultado será de 90 a 10 a favor de la postura del Gobierno, que manejará directamente la logística.
No obstante, llamó a encontrar una "solución política a un problema político", y a que la comunidad internacional, la Iglesia o las instituciones académicas del país sirvan de intermediarios.
En las calles, las opiniones a favor y en contra de la postura del mandatario se dividen.
Ángel, un taxista de 47 años, aseguró a Efe que el domingo "se le dará poder al pueblo" y afirmó que "el pueblo no va a permitir que impidan la consulta porque está con el presidente".
Por su parte, Romel, de 29 años y relacionista público en un centro comercial de la capital, aseguró que "todo lo que ha hecho Zelaya ha sido caótico", mientras mostraba un papel con razones para no participar en la consulta.
"Lo peor es que ayer me tuve que marchar caminando porque se paralizó el transporte", dijo, al recordar que aún no sabe si el domingo trabajará porque su jefe, con esta situación, no lo ha decidido.
Nelson, de 37 años y empleado del servicio de limpieza urbano, confirmó que a lo largo de la jornada se ha ido rebajando la tensión en el centro de la ciudad, después de que a primeras horas se mantuviera un pulso entre detractores y seguidores de Zelaya cerca del Congreso.
"Menos mal que el domingo no trabajo por aquí", dijo en tono de broma.
Katerina, una trabajadora de una tienda de zapatos de esa misma zona, explicó con tranquilidad el plan del negocio para el fin de semana: "Abrimos el sábado, y si se pone complicado cerramos hasta que todo esto se acabe".