El plazo para aplicar esta directiva venció el 27 de octubre de 2013. En mayo, la Comisión se puso en contacto con los dos países para verificar la fase de preparación en que se encontraban los textos y constató que aunque el proceso de adopción está progresando, los proyectos de ley todavía están en fase de discusión.
El ultimátum adopta la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción. Si en el plazo de dos meses los dos países no se atienen a sus exigencias, el Ejecutivo comunitario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La directiva en cuestión forma parte del paquete de normas de la UE destinadas a garantizar los derechos de los acusados en procesos penales.