El proyecto, que todavía deberá pasar por la cámara alta, confiere al FSB potestades preventivas y la posibilidad de actuar contra ciudadanos aun sin tener pruebas de que hayan incurrido en un delito.
Concretamente, permite que el director del FSB o su adjunto puedan amonestar a un ciudadano que, aun sin haber cometido un delito, "por acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito".
Además, incorpora sanciones administrativas por incumplimiento de órdenes legítimas de los miembros del FSB y por entorpecer la labor de estos.
Los ciudadanos podrán ser castigados con multas que van de los 500 a los 1.000 rublos (unos 16 y 32 dólares) y con hasta 15 días de arresto.
El proyecto aún debe ser aprobado por el Consejo de la Federación -la Cámara Alta del Parlamento- lo que se da por descontado debido a que el texto fue presentado a iniciativa del presidente ruso, Dmitri Medvédev, y las formaciones oficialistas tienen amplia mayoría en el Parlamento.
A favor del proyecto, que se votó en la última sesión plenaria de la Duma antes de sus vacaciones de verano, se pronunciaron 354 diputados, mientras que los restantes 96 diputados de la cámara se pronunciaron en contra.
Activistas rusos pro derechos humanos enviaron hoy una carta al presidente para pedirle que no promulgue la ley.
"Usted habla constantemente de la necesidad de garantizar la prioridad del derecho como condición fundamental para el desarrollo de nuestro país. Hoy depende precisamente de Usted que se adopte o no una ley que viola los principios angulares del derecho: la presunción de inocencia y la precisión jurídica", reza el texto.
Los defensores de los derechos humanos también llamaron al Consejo de la Federación, que el próximo lunes debe pronunciarse al respecto, a rechazar este proyecto de ley.
"Nuestro país debe elegir entre un camino difícil y largo hacia un verdadero Estado de derecho o la limitación anticonstitucional de los derechos humanos y el regreso hacia la arbitrariedad 'dentro de la ley'", reza la misiva enviada al presidente del Consejo de la Federación, Serguéi Mirónov.
Según los firmantes, la segunda opción conduce a "la intimidación de los disidentes y el control por los servicios secretos de las actividades pacíficas de los ciudadanos".
"Las nuevas facultades de los servicios de seguridad los liberan completamente del cumplimiento de todo criterio jurídico (...), es decir, legalizan la arbitrariedad de los servicios secretos", agrega el documento.
Entre los suscriptores de la carta se encuentran la presidenta del Grupo de Helsinki de Moscú, Liudmila Alexéyeva, los directores del centro Memorial, Oleg Orlov y Tatianan Kasátkina, y el presidente del Colegio de Abogados de Moscú, Guenri Reznik, entre otros.
Contra la aprobación del polémico proyecto de ley se ha pronunciado también el Consejo para el Desarrollo de los Institutos de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos adjunto a la Presidencia rusa.
Según el director del Instituto de Derechos Humanos, Valentín Guefter, la fórmula "acciones inadmisibles que creen condiciones para la comisión de un delito" se puede aplicar a "casi toda tipo de actividad".
"No perdemos la esperanza de que cuando esta ley, en parte sin sentido y en parte peligrosa para la libertad de la sociedad, sea presentada al presidente de Rusia para su promulgación, éste lo valore adecuadamente y lo vete", expresó Memorial en una declaración pública emitida la víspera.
Según esa organización no gubernamental, actualmente los poderes del FSB exceden todos los marcos razonables, por lo que conferirle además las funciones de profilaxis de la Fiscalía es ya una "tendencia peligrosa".