La iniciativa, que era de origen popular, dejó de ser gestionada bajo el argumento de que el monopolio de las armas está en manos del Estado, por lo que los civiles no deben llevarlas, explicó la oficina de prensa de la cámara baja al informar de la decisión, que fue adoptada el martes por la noche.
La fuente indicó que el proyecto fue archivado por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, órgano por el que partió el estudio parlamentario de la propuesta.
El proyecto fue promovido hace más de año y medio por las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali mediante una campaña en las calles que logró reunir cerca de 1,8 millones de firmas de ciudadanos que respaldaban el desarme de la población civil.
El 75 por ciento de las armas de fuego que se utilizan en crímenes desaparecen de la escena criminal y el 25 por ciento de las que son decomisadas tienen origen ilegal, advirtió el representante Roy Barreras, que tuvo a cargo la presentación de la ponencia o estudio sobre la iniciativa.
En unas declaraciones divulgadas por la Cámara de Representantes, Barreras indicó que "las estadísticas son contundentes y, en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país, el arma desaparece y no se logra establecer si es legal o ilegal".