Castells, que ha cerrado con su comparecencia la comisión de investigación del Parlament sobre el caso Palau, ha defendido la gestión de su consellería sobre el proyecto del hotel, un proceso que ha llevado a una juez a imputar a la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, con García-Bragado al frente.
En tono vehemente, Castells ha contrarrestado los reproches a su actuación vertidos por la Fiscalía y los grupos de la oposición y ha dejado claro que el convenio que firmó en marzo de 2006 con Fèlix Millet fue "intachable, bien hecho e irreprochable" ya que defendía el interés público y garantizaba el patrimonio de la Generalitat.
El conseller ha apuntado que, en vez de perder valor patrimonial, la Generalitat habría ganado, en función de la evolución del valor de mercado, entre 5,6 y 8 millones de euros por el proyecto, que finalmente no se llegó a concretar al estallar el escándalo por el saqueo del Palau de la Música.
El convenio firmado con Millet en marzo de 2006 abría la puerta para la permuta de usos de un edificio de la Generalitat catalogado como suelo residencial, situado en la calle Ciutat junto a la plaza Sant Jaume, y tres fincas catalogadas como uso de equipamientos que el Palau de la Música adquirió a los Hermanos de La Salle junto al edificio modernista de la institución musical.
Castells ha destacado que, al final del proceso, la Generalitat se habría quedado con su edificio en la calle Ciutat, que seguiría acogiendo oficinas -antiguamente alojó la sede de la Sindicatura de Comptes y ahora acoge al Gabinete Jurídico- y además la administración catalana habría sido compensada económicamente "por un valor potencial, virtual, teórico (el de uso residencial), que no se hubiera materializado nunca".
"Es sorprendente que se diga que perdíamos dinero con esta operación", ha exclamado el conseller, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Barcelona se plantee, ante la alarma social destapada por el caso, dar marcha atrás a todo el proyecto.
"Si la operación da marcha atrás -ha advertido-, tendremos la misma finca (la de la calle Ciutat junto a la Plaça Sant Jaume), destinada al mismo uso (equipamientos, aunque el suelo sea residencial) y 5,6 millones de euros menos".
Castells también ha negado que el proyecto del Hotel del Palau fuera una "operación especulativa" en beneficio de un particular, como sostiene la juez, y ha defendido, sin nombrarlo, al teniente de alcalde de Barcelona Ramon García-Bragado, imputado en la causa, porque cree que no cometió ningún delito.
El conseller se ha mostrado convencido -"por supuesto", ha exclamado-, de que ningún servidor público de la Generalitat ha cometido delitos en este caso y ha agregado que cree que tampoco ningún otro "servidor público" (en referencia a los responsables municipales imputados, aunque sin nombrarlos) participaron en ningún tipo de delito en esta operación.
El conseller ha señalado también que cuando tuvieron conocimiento a través de la prensa de que el Palau de la Música había adjudicado a un particular el proyecto del Hotel -ya que Fèlix Millet se lo había ocultado-, procedieron a reclamar la compensación económica para la Generalitat y a ejecutar la garantía para pasar a ser propietarios de parte de las fincas donde se proyectaba el Hotel.
En su intervención final, Castells ha leído una declaración en la que ha pedido a los partidos que abandonen su estrategia de destruir al adversario, ya que ello va en detrimento de las instituciones, respeten el trabajo de los servidores públicos y reflexionen sobre extender sombras de sospecha sirve para que los ciudadanos recuperen la confianza en la política.