Los hechos sucedieron en junio de 2013 en Torremolinos (Málaga). La Policía Local fue requerida tras ser informados de que dos perros de raza peligrosa, propiedad del denunciado, que estaban en la calle "sueltos, sin bozal y sin persona a su cargo", habían atacado a otro can de pequeñas dimensiones, cuya propietaria llevaba debidamente atado, según la sentencia.
El juzgado, según consta en la resolución de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, consideró probado que los dos perros no habían sido sacados a pasear por sus propietarios, sino que estaban en la calle sueltos porque la pareja del denunciado, al abrir la casa de la vivienda, no pudo evitar que los dos animales se escaparan, debido a la envergadura de ambos.
A consecuencia del ataque, el perro pequeño de la denunciante sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte inmediata. Por estos hechos, el juzgado absolvió al denunciado, aunque la representación de la mujer presentó un recurso de apelación, considerando que los hechos probados se corresponden con una falta contra los intereses generales y solicitando que se le condenara por ello.
La Sala estima el recurso y considera que ha quedado acreditado que "fue el denunciado, como dueño de los animales de raza peligrosa, el que los dejó en condiciones de causar mal", ya que aunque estaban sueltos dentro de su chalé privado "no es menos cierto que no puso ningún elemento de seguridad para evitar que los perros se escaparan cuando cualquier persona saliera o entrara de la finca".
El Tribunal añade que "nada tiene que ver lo acontecido con el caso fortuito ni tampoco la acción penal podría imputarse ni se imputa a la pareja del denunciado". Así, se revoca la sentencia absolutoria, al estimar parcialmente el recurso presentado, y se condena al denunciado por una falta contra los intereses generales al pago de una multa de 30 días a 12 euros diarios.
Además de dicha multa y de la indemnización por los daños morales a la dueña del perro fallecido, se impone al denunciado el pago de 350 euros en concepto de valoración que en el mercado podría tener la adquisición de un perro de iguales características al fallecido y que abone la cantidad que se acredite en la ejecución de la sentencia por los gastos de la incineración del animal.