La sentencia de la Sala Primera del Constitucional entiende que la denuncia por torturas que el etarra presentó tras ser detenido en 2002 "no fue investigada por el Juzgado de una forma eficaz". Según el fallo, "aunque se emprendió con prontitud una investigación judicial, ésta se cerró cuando persistían aún sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para despejarlas".
Viedma fue detenido el 28 de febrero de 2002 por la Guardia Civil y pocos días después presentó un escrito en el que denunciaba torturas y que terminó siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid.
Un año más tarde se acordó el sobreseimiento de la denuncia por carecer de verosimilitud, ya que Viedma, "una vez en Madrid y en sede judicial, se negó a ser reconocido por el médico forense".
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Pérez Tremps, considera que el archivo se produjo sin que se hubiesen practicado todas las diligencias "relevantes" para determinar si hubo o no torturas.
El fallo alude a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y a dos recientes sentencias del Constitucional para recordar que si existe una sospecha "razonable" de tortura "deben tomarse en consideración las circunstancias concretas de cada caso, siendo preciso atender, entre otras circunstancias, a la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos". EPF