Los informes policiales incluidos en la parte del sumario que se ha hecho pública esta semana revelan que en uno de los registros practicados se encontró dicha caja de seguridad en una oficina de Cajamadrid y a nombre del supuesto número dos de la trama -Pablo Crespo-, en la que se guardaba una carpeta con documentos sobre cuentas en el extranjero.
En concreto, figura el extracto de una cuenta de valores a favor de Marcel Hagger y Arturo Gianfranco Fasana "Fafa", un ciudadano suizo que supuestamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama, con un valor de 14.421.767 euros.
Se halló también un documento resumen de otra sociedad, Golden Chain Properties SA, con un desglose de las inversiones en obligaciones y en valores, en euros y dólares, ascendiendo a 6.745.872 de euros.
Además, en la carpeta se guardaba una concesión de poder a favor de la entidad Merrill Lynch, firmada por Crespo, y un resumen de las operaciones financieras realizadas en Estados Unidos y Suiza a través de Randall Lew Caruso-Reynaldo -un broker asentado en Nueva York- y de "Fafa".
Junto estos apuntes, figuraba una anotación indicando que faltaban por incluir los gastos de las transferencias y recibos generados por "Fafa" en dichas operaciones, arrojando un rendimiento de 4.589.787 de euros.
Fasana aparece en numerosas notas sobre las cuentas de las distintas sociedades de la red encontradas por la Policía, con anotaciones de movimientos que van desde los dos a los seis millones de euros.
Desde hace unos meses, el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha orientado su investigación a localizar el destino de los fondos desviados por la red de Correa al extranjero y, de hecho, ha enviado 15 comisiones rogatorias a ocho países, algunas de las cuales han resultado infructuosas al tratarse de Estados "no colaboradores".
En cualquier caso, las cifras que aportan los informes policiales dan idea de los cuantiosos beneficios que la trama obtenía de adjudicaciones irregulares y ocultaba en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Suiza, Holanda o las Islas Caimán.
Algunas de las conversaciones intervenidas a los imputados en la cárcel por orden judicial han revelado la preocupación de éstos por los fondos que tenían fuera de España e incluso el ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, llega a ordenar a su abogado que "ejecute" los fondos de Suiza.
De los 17.000 folios del sumario, de los que se ha dado traslado a las partes, se puede deducir que los cabecillas de la trama habían tejido un conglomerado de empresas y sociedades interpuestas para blanquear sus beneficios económicos irregulares.
Según las investigaciones de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, el método utilizado por la trama consistía en desviar los fondos que obtenían por la organización de eventos y contratos con las administraciones públicas del Partido Popular, ocultarlos en paraísos fiscales y, una vez "blanqueados", invertir el "dinero limpio" de nuevo en España.
El propio Correa se había rodeado de varios testaferros, encargados de gestionar las operaciones económicas para ocultar sus ganancias ilegales en territorios no cooperantes, con lo que se aseguraba que la información no llegará a las autoridades españolas.
Los fondos de la organización se "colocaban" en el exterior a nombre de personas físicas o jurídicas "conniventes" y enmascarados como una entrada de dinero a las cuentas, sin detallar su origen.
De forma paralela, los cabecillas de la red se rodeaban de despachos de abogados, primero del de Luis de Miguel y posteriormente el de José Ramón Blanco Balín, que colaboraban en el asesoramiento y el diseño de las estructuras para el blanqueo, sin que se conociera el beneficiario real de las operaciones.
Con Francisco Correa colaboraban en estas actividades, entre otros, su mujer (Carmen Rodríguez Quijano) y su primo (Antoine Sánchez); Pablo Crespo, Felisa Isabel Jordán, Blanco Balín, Jose Luis Izquierdo -contable de la trama- y Alvaro Pérez "El Bigotes", entre otros imputados.
La Agencia Tributaria ha detectado también un posible delito de fraude fiscal en las declaraciones de la renta presentadas por algunos de ellos, en particular, Correa y su mujer, que no declaraban a Hacienda desde 1999, pese al numeroso patrimonio con el que, según la Policía, contaban en España y Suramérica.