Este grupo de agentes de empresas de seguridad privada están actualmente recibiendo un curso de formación en la base naval de Cartagena (Murcia).
Defensa tiene previsto el desplazamiento esta semana, a bordo de un avión de las Fuerzas Aéreas, con destino hacia las Islas Seychelles, donde se encuentra la flota pesquera atunera española.
En ese mismo vuelo también se transportarán las armas de guerra que utilizarán los agentes privados para repeler los posibles ataques de los piratas somalíes.
Sólo empresas de seguridad de ámbito estatal pueden embarcar agentes con armas de guerra en buques mercantes y pesqueros que naveguen bajo bandera española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad.
Así quedó establecido en la Orden del Ministerio de la Presidencia que modifica las leyes de seguridad privada y de armas, en la que se regulan distintos aspectos, que abarcan el ámbito de aplicación, armamento autorizado, adquisición de armas, tenencia y uso, almacenamiento, control y municiones, y formación de los vigilantes.
Los agentes están autorizados a llevar armas de fuego de calibre igual o superior a 12,7 milímetros, que utilicen munición con vaina de ranura en el culote y no de pestaña o reborde.
Asimismo pueden usar armas de fuego que utilicen munición de 5,45 por 39,5; 5,56 por 45; 7,62 por 39; y 7,62 por 51 NATO.
Según acota la nueva normativa, los vigilantes de seguridad harán "un uso limitado" de este tipo de armas de guerra, que "tendrá como único objetivo la prevención y disuasión eficaz de posibles ataques, pudiendo ser utilizadas en caso de necesidad como medio de defensa para repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional".
Paralelamente, la Asociación Española de Escoltas ha impartido en Ametlla de Mar (Tarragona) el Curso de Protección a Buques en Zona de Riesgo, en el que han participado como alumnos algunos de los guardias de seguridad que viajarán a Somalia para proteger a los atuneros españoles.
Durante la fase de preparación, los aspirantes han realizado ejercicios prácticos en barcos, con el empleo de técnicas avanzadas de protección y el uso de armamento semipesado.
Los Gobiernos central y vasco se harán cargo de la mitad del coste de la contratación de vigilantes privados, mientras que los armadores asumirán el resto.