A las 14.00 horas de hoy vencía el plazo para presentar estas propuestas, que son quince por cada grupo, lo que obliga a ERC-IU-ICV y al Mixto a repartirse el cupo correspondiente entre los partidos que los forman.
Todos han apurado el plazo para registrar unas propuestas sin muchos elementos en común, salvo la economía.
Sin embargo, la aplicación y desarrollo del Estatut de Cataluña tras la sentencia del Tribunal Constitucional se ha convertido en el gran asunto a debatir, pues los grupos han dejado patente en las resoluciones sus diferentes formas de ver la cuestión.
El PSOE quiere que el Congreso reconozca el malestar que la sentencia del alto tribunal ha generado en Cataluña, pero, desde el acatamiento al fallo judicial y la lealtad constitucional, pide al Gobierno que impulse los cambios legales necesarios para desarrollar al máximo el texto.
Tanto el portavoz del grupo socialista, José Antonio Alonso, como el diputado del PSC Daniel Fernández han coincidido en conferencia de prensa en que es una iniciativa útil y constructiva, con la que los socialistas se comprometen a desarrollar "una fuerte acción política" con el fin de sumar y aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones.
La propuesta, de la que han sido informados el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de la Generalitat, José Montilla, será negociada con el resto de fuerzas parlamentarias, especialmente con las catalanas, antes del pleno del martes que viene.
CiU, por su parte, prefiere que el Congreso apoye la declaración institucional que el presidente de la Generalitat, José Montilla, pronunció tras conocer la sentencia sobre el Estatuto y que se comprometa a desarrollar íntegramente el texto que aprobaron las Cortes Generales y refrendó el pueblo catalán en referéndum.
En una breve propuesta, los nacionalistas catalanes, que no hablan explícitamente de respetar la Constitución o de acatar su contenido, a diferencia del PSOE, salen en defensa del autogobierno de Cataluña tras la sentencia del alto tribunal.
ERC incide en su resolución en la vía independentista y, así, pide a la Cámara que declare su "respeto a cualquier proceso democrático para que Cataluña se constituya en un Estado".
ICV, por su parte, exige al Gobierno que impulse las medidas necesarias para "garantizar el reconocimiento político y simbólico de Cataluña como nación" y presente en unos meses una norma para mejorar el autogobierno catalán.
Todas estas visiones chocan con la del PP, que en su resolución aboga por el respeto a los consensos constitucionales que han consagrado el Estado de las Autonomías y por el respeto al contenido de la Constitución, así como de las interpretaciones que de ella hagan los jueces o los tribunales.
Este planteamiento es similar al de UPyD, que insta al Gobierno a no desarrollar normas legales que propicien el desarrollo del Estatut.
Al margen del texto catalán, la crisis ha copado la mayoría de las demás resoluciones.
El PSOE hace hincapié en mantener la renta de emancipación de los jóvenes, en el refuerzo de los sectores industriales estratégicos y en el impulso de las políticas de I+D+i y de fomento del turismo.
Asimismo, da su apoyo al plan de consolidación fiscal con el que el Gobierno quiere reducir el déficit y ajustarse a las exigencias de la UE.
Mientras, el PP propone un calendario de reformas estructurales y que no haya más recortes. En este sentido, pide al Gobierno que se vuelva atrás en su intención de congelar las pensiones, algo a lo que se unen CiU y ERC-IU-ICV.
La continuidad del proceso de diálogo con Cuba, del PSOE, y la prohibición del uso del velo integral en espacios públicos, del PP, son otras resoluciones polémicas que se votarán el martes que viene.