La coordinadora de fiscales del Ministerio Público, Danelia Ferrera, informó a la prensa de que "hoy mismo se ha iniciado la investigación", tras las denuncias tanto de diputados del gobernante Partido Liberal como de miembros del opositor Partido Nacional.
Ferrera adelantó que, en principio, se llamará a declarar a los diputados liberales Wenceslao Lara, Martha Alvarado y Dayana Martínez, que denunciaron a los medios la supuesta amenaza de Zelaya, a través de emisarios, entre el 24 y el 25 de enero pasado.
La funcionaria subrayó que todavía es pronto para "decir que hubo o no delitos", los cuales "se podrían configurar después de las declaraciones" de los denunciantes.
"El delito requiere que se hayan producido actos concretos", aclaró.
Las versiones de políticos y la prensa sobre la supuesta amenaza circulan desde antes de que, el 25 de enero, el Congreso Nacional eligiera a los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, entre los 45 propuestos por una junta independiente.
Según esas informaciones, cuatro funcionarios de Zelaya pidieron a la bancada liberal que apoyara la reelección de la magistrada Sonia Dubón de Flores, esposa del ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
Wenceslao Lara aseguró que Flores Lanza amenazó con que Zelaya daría un golpe de Estado si no se reelegía a la magistrada, lo que rechazaron varios diputados porque no estaba entre los 45 candidatos y se violaría la Constitución.
Alvarado y Martínez respaldaron la versión de Lara, aunque no mencionaron quién formuló la amenaza.
El presidente y candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y otros opositores también sostienen que sí hubo amenaza golpista.
Zelaya ha reconocido que él quería la reelección de la esposa de su ministro, pero sostiene que la denuncia "es una trampa" del Partido Nacional para provocar "debates estériles" y afectar al Partido Liberal.
Los otros emisarios de Zelaya fueron el entonces ministro de Defensa y ahora delegado presidencial, Arístides Mejía; el ex canciller y hoy presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Milton Jiménez, y el jefe de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Raúl Valladares.
Mientras el Congreso cabildeaba la elección de la Corte, la noche del 25 de enero, Zelaya convocaba al Consejo de Ministros y la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas se reunía en el Banco Central, frente al Parlamento, según la prensa.
De acuerdo con las diversas versiones sobre el asunto, Zelaya iba a emitir acuerdos en Consejo de Ministros para elegir la Corte y disolver el Parlamento con el apoyo de los militares.
Los funcionarios de Zelaya sostienen que su planteamiento a la bancada liberal fue que el orden constitucional se rompería automáticamente si no se elegía la Corte el 25 de enero, como manda la Carta Magna, pero que no amenazaron con golpe de Estado.
Incluso en su homilía dominical del 25 de enero, el cardenal Oscar Rodríguez expresó "preocupación" por las versiones sobre golpe de Estado y al día siguiente felicitó a las Fuerzas Armadas por respetar la Constitución.