En un escrito hecho público este viernes el Ministerio Público pone de manifiesto que "el plazo de transcripción, de 10 años" contemplado para estos delitos en el Código Penal de 1973 "habría transcurrido con creces". Las torturas que le imputa la magistrada argentina se produjeron entre 1968 y 1975, precisa el fiscal Pedro Martínez Torrijos.
La Fiscalía destaca, además, que González Pacheco disfruta de arraigo en España "donde convive su pareja sentimental y su hija" y, sin embargo, "no tiene vinculación alguna que se conozca con el Estado que plantea la extradición".
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citó a declarar el pasado mes de diciembre al exinspector y ordenó la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir de España mientras se tramita su extradición a Argentina, que les investiga por las torturas que habrían cometido durante los últimos años del franquismo.
González, que se negó a ser entregado a las autoridades argentinas, tiene, además, la obligación de realizar comparecer semanalmente en su juzgado o en el más cercano a su domicilio.