También solicita que el vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, y las vocales Margarita Robles y Gemma Gallego "se abstengan de participar" en las deliberaciones sobre su suspensión y pide que, "caso de no hacerlo", se tramite la recusación de los tres.
El juez recuerda que la estrategia de "desprestigio, acoso y desautorización" de su labor jurisdiccional, "sin precedentes en la historia judicial española", comenzó a partir de febrero de 2009 cuando se conoció la investigación del "caso Gürtel", una trama de corrupción ligada a cargos del PP.
A su juicio, no ayuda el hecho de que los vocales del CGPJ hayan sido nombrados a propuesta de los partidos políticos, entre ellos, dice, el que ahora "se muestra públicamente a favor de mi depuración por haber investigado una trama de corrupción que salpica a alguno de sus componentes".
Se trata, según argumenta, de una campaña alentada por personas a quienes él imputó y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con su carrera.
Según afirma, el objetivo del acoso no es tanto cuestionar su persona, sino su labor jurisdiccional, "intentando poner en tela de juicio la regularidad de las instrucciones y, con ello, forzar la impunidad de las conductas delictivas que el juzgado osó investigar".
El juez hace hincapié en que cuando, a instancias del fiscal, acordó la prisión de los principales implicados en el "caso Gürtel" "personalidades próximas a quienes supuestamente se beneficiaron de las presuntas prácticas delictivas entablaron una cruel campaña contra mí".
Entre ellos cita al ex ministro y diputado Federico Trillo; y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
El juez asegura que nunca ha dudado en investigar y perseguir graves delitos, "con independencia de que sus autores pudieran tener una u otra adscripción política o ideológica".
Recuerda que después de que el CGPJ archivara varias quejas contra él por parte del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias la estrategia "se ha llevado por la vía más gruesa de las querellas por prevaricación que han sido admitidas por el Tribunal Supremo", en contra de la opinión del fiscal.
El TS investiga a Garzón por los cobros que recibió durante su estancia en la Universidad de Nueva York entre 2005 y 2006, por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo y por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el "caso Gürtel" y sus abogados.
El juez se muestra convencido de que las tres serán archivadas o en cualquier caso resultará absuelto y hace hincapié en que los querellantes han actuado de mala fe.
Como motivos para pedir la abstención de dichos vocales, alega "interés personal en el asunto" de De Rosa, al que atribuye "amistad íntima" con el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delito", por lo que se inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
También alega que Gallego ha mostrado tener una "enemistad manifiesta" con él, al igual que Robles, con la que coincidió en funciones públicas, ya que ésta fue subsecretaria del Ministerio de Justicia cuando él fue delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre drogas.