Durante sus cuatro horas de declaración el juez de la Audiencia Nacional ha subrayado que con el auto por el que acordó intervenir las conversaciones no pretendió "limitar el derecho de defensa", sino averiguar el delito, "evitar la confirmación del mismo y la pérdida de los fondos". A preguntas del fiscal ha explicado que los letrados estaban además "presuntamente dentro de la trama, coordinando la actuación y preparando la salida del jefe de la organización -Francisco Correa-, además de datos relevantes para la investigación".
Ha precisado además que, a la hora de ordenar las escuchas, ponderó "con arreglo a los principios de proporcionalidad y necesidad" el alcance de una trama de "gran complejidad", por lo que consideró justificada su decisión.
Además de Peláez, están personados como acusación popular en la causa contra Garzón el presunto cerebro de la trama de corrupción del "caso Gürtel", Francisco Correa, y su número dos, Pablo Crespo, a cuyos abogados tampoco ha querido contestar el juez.
Según el magistrado, "era lógico pensar" que los imputados en prisión "necesitaran de un enlace" para seguir realizando operaciones para mover el dinero de la trama fuera de España. "Las iniciativas sólo podían salir de prisión, había movimientos de dinero y se corría el riesgo de perderlo, la única vía para evitarlo era la interceptación de las comunicaciones, puesto que los máximos responsables de la organización estaban presos", ha asegurado el juez.
Para Garzón, existían indicios de que los imputados podrían hacer llegar a sus letrados informaciones que "podrían dar lugar a nuevos hechos delictivos o a ocultar delitos" relacionados con la investigación. Con este objetivo acordó también la prórroga de las intervenciones una vez que ya estaban personados nuevos letrados -entre ellos Ignacio Peláez-, algo a lo que no se opuso la Fiscalía, de la que además atendió su petición de "expurgar" conversaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de defensa.
Por último, a preguntas de las acusaciones populares, el magistrado ha recalcado que "absolutamente no" se utilizaron las conversaciones mantenidas entre Peláez y Ulibarri, ya que éste ya estaba en libertad y, por lo tanto, no se les pudieron intervenir.
La de hoy es la tercera ocasión en la que Garzón comparece ante el alto tribunal en los últimos meses, tras haber declarado ya en relación con las otras dos querellas que se tramitan contra él. La primera por prevaricar al investigar las desapariciones del franquismo y la segunda por un presunto cohecho y prevaricación en relación con los cobros que obtuvo por dirigir unos cursos en la Universidad de Nueva York. EBP / IM