Garzón procesa a Otegi y Usabiaga por integración en banda armada

INFORMATIVOS TELECINCO / AGENCIAS 25/01/2010 13:41

Además de Otegi y Díez Usabiaga, que están presos desde el pasado 16 de octubre, el juez ha procesado por integración en organización terrorista a la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto; a Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, y a Arkaitz Rodríguez, que fue juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto.

Los otros tres procesados son José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.

El magistrado sostiene que Otegi era el máximo responsable del "Bateragune" y entre sus actividades estaría la de "conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA" en el País Vasco para facilitar "los contactos" con formaciones soberanistas "que se muestren contrarias a la violencia y que exijan su cese como requisito para continuar".

A Díez Usabiaga, el magistrado lo sitúa como autor de varias cartas guardadas en una memoria portátil intervenida en la sede de LAB, y en las que se leen frases como "tras el agerraldi (presentación pública) habrá que ver cómo podemos dotar de credibilidad la apuesta" o se alude a la necesidad de "ajustar la estrategia de la lucha armada al nivel de lucha que el pueblo requiere".

Precisamente, Otegi se va a sentar de nuevo en el banquillo de la Audiencia Nacional, donde será juzgado por participar en un homenaje al preso etarra José María Sagarduy en 2005 en Amorebieta (Vizcaya), hechos por los que la Fiscalía pedirá para él 18 meses de cárcel, mientras que las acusaciones reclamarán hasta cinco años.

Rufi Etxebarría no procesado

El magistrado de la Audiencia Nacional ha adoptado el procesamiento de los ocho dirigentes a instancias de la Fiscalía, si bien no ha asumido su petición de procesar al histórico dirigente de Batasuna Rufi Etxebarria, al considerar que no existen indicios razonables de criminalidad contra él. EPF