El ministro de Autonomías y encargado de articular el diálogo con las regiones, Carlos Romero, afirmó en declaraciones al diario La Razón que "el Gobierno no va a ser víctima de chantajes".
"Está claro que ellos han puesto sistemáticamente pretextos y no le pueden pedir al Gobierno que se haga la vista gorda con una masacre que se ha producido en Pando", afirmó Romero.
Los prefectos (gobernadores) opositores de Beni, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz exigen al Ejecutivo varias condiciones, entre ellas la liberación de lo que consideran "presos políticos" para acudir al diálogo sobre la aplicación del estado autonómico.
En concreto, reclaman la "inmediata liberación" del ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y de otros opositores de esa región amazónica que fueron recientemente encarcelados por su supuesta implicación en la matanza de campesinos afines al Gobierno ocurrida en septiembre pasado durante una oleada de protestas en el país.
Por esos sucesos, en los que murieron entre 13 y 20 personas según diversas fuentes, hay 20 acusados, entre ellos el ex gobernador opositor de Pando que se encuentra en prisión desde el 19 de septiembre a la espera de juicio.
El ministro de Defensa Legal, Héctor Arce, declaró hoy a la televisión estatal que las exigencias de los prefectos opositores son "totalmente incumplibles e inaceptables".
"No nos pueden pedir que liberemos a personas que están detenidas por parte de la justicia (..) Están detenidas por crímenes gravísimos contra la humanidad de bolivianos, por asesinato y masacre sangrienta", apuntó.
Arce coincidió con Romero al señalar que "ninguna sociedad se puede permitir semejante chantaje" y apuntó que "estos prefectos que han enarbolado la lucha por la autonomía no quieren autonomía ni diálogo".
Romero también rechazó otra de las exigencias de los prefectos opositores: respetar los estatutos autonómicos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, que fueron aprobados en sendos referendos entre mayo y junio de 2008 promovidos de forma unilateral por los líderes de estos departamentos, a espaldas del criterio de las instituciones estatales.
El ministro de Autonomías recordó que la nueva Carta Magna establece que los estatutos deben ser sometidos al control constitucional.
"Ya es suficiente de mentirle a la gente. Lo que estos señores quieren es simplemente inviabilizar cualquier proceso de concertación y de implementación de la Constitución, a riesgo inclusive de sacrificar la postergación de las autonomías", sostuvo Romero.
Los movimientos indígenas y campesinos también rechazaron la propuesta de la oposición regional por considerarla un "chantaje" al Gobierno de Morales.
El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, pidió "no dar paso al chantaje" de los prefectos opositores que, consideró, "no están dispuestos al diálogo".
"Es una comisión ilegítima que defiende a asesinos y pone trabas al proceso de cambio que vive el país. El presidente no debe aceptar este tipo de chantajes de quienes buscan un diálogo con negociaciones", declaró Ávalos a la radio estatal Patria Nueva.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Boliviano (CIDOB), y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ) denominaron "traidores de la autonomía" a los prefectos opositores, según recogió Erbol.