'Donde dije digo, digo Diego'. Los más críticos podrían aplicarle el refrán al Ejecutivo, que ha cambiado de parecer en muchos asuntos, la mayoría de ellos económicos, en numerosas ocasiones en los últimos meses. En defensa de los cambios de parecer ha salido el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negado bandazos de su política económica, que responde a las circunstancias y que mantiene las señas de identidad del proyecto socialista.
Sea como fuere, lo cierto es que en Abril de 2009 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho aseguró que el actual sistema de pensiones es "flexible" sobre la edad de jubilación y remitió al Pacto de Toledo el debate para retrasarla. Meses después, la ministra de Economía, Elena Salgado, recordó que en España la edad de jubilación es de las más altas de Europa, en referencia a la intención de la UE de estudiar una ampliación de la vida laboral.
Finalmente, un Consejo de Ministro del pasado mes de enero aprobó una propuesta de reforma del sistema público de pensiones que fija la edad de jubilación en los 67 años, que no afectará a los actuales pensionistas y que se implantará de forma paulatina.
Cambios en los sueldos públicos
A los funcionarios, el Ejecutivo les subió el sueldo un 03% en septiembre de 2009 con un coste de 50 millones de euros para 2010. Sin embargo, en la próxima nómina de junio los empleados públicos cobraran entre un 0,56% y un 7% menos y para 2011 verán congelarse sus sueldos. Este cambio de opinión vino dado por la necesidad de reducir el déficit y la presión de la UE.
Un déficit que, según el presidente del Gobierno tras reunirse con el líder de la oposición en Moncloa, Mariano Rajoy, cumpliría con las exigencias de Bruselas de situarlo en el 3% del PIB en 2013. Zapatero dijo que no eran necesarias medidas adicionales para reducirlo y que mantenía las previsiones de crecimiento.
Días después, tras la reunión del Ecofin, España cambia de postura. El presidente acude al Congreso para explicar una serie de medidas que reportarán un ahorro de 5.250 millones en 2010 y 10.000 millones en 2011, es decir, un 1,5 puntos del PIB que debería permitir acelerar así la senda de consolidación fiscal, como ha demandado Bruselas, con la vista puesta en volver a un déficit del 3%. Todo a costa del sueldo de los empleados públicos, de las pensiones y de la desaparición del cheque bebé.
La subida de impuestos también ha estado rodeada de polémica. Hace unos días, la vicepresidenta segunda aseguró que "no está sobre la mesa en este momento" la subida de nuevos impuestos, aunque el Gobierno "no lo descarta para el futuro". Sin embargo, Zapatero terminó confirmado una subida de tasas para las rentas más altas. "El esfuerzo tiene que ser mayor por parte de los que desde hace unos días", declaró el presidente que aseguró que la medida "no afectará a la mayoría de los impuestos ni a las rentas medias".
Un error en el BOE
El último cambio ha venido de la mano del BOE. La polémica medida publicada el lunes sobre la prohibición a los ayuntamientos de endeudarse más hasta el 2012 no entra en vigor hoy, sino que lo hará a partir del 1 de enero de 2011. Lo confirma una rectificación del BOE. Ningún miembro del Gobierno quiso ayer hablar sobre el tema, pero la Federación Española de Municipios y Provincias mostró su disconformidad y hoy Salgado ha hablado de un "mero error sin importancia".
En materia política
Los cambios de postura del Ejecutivo también afectan a asuntos de materia política. Sin ir más lejos, ayer en el Senado tras la petición del presidente de la Generalitat catalana, José Montilla, de renovación urgente del Tribunal Constitucional, el PSOE anunció que pedirá que se convoque la Comisión de Nombramientos para poner de nuevo en marcha la renovación del Alto Tribunal. Todo tras muchos meses de bloqueo por parte de los dos grandes partido, PP y PSOE. EBP
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