La nueva información que se ha conocido sobre la trama vincula a Ramón Blanco Balín con el Ayuntamiento de Boadilla, según informa la Cadena SER. Mediante concurso público, la empresa Rústicas MBS, en la que figuraba como administrador único, obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas que en la actualidad acogen una treintena de locales y un aparcamiento subterráneo en una de las menores zonas de la localidad.
La cadena explica que Rústicas MBS obtuvo el derecho de superficie de tres parcelas municipales por 75 años. Durante este periodo tendría que abonar al Ayuntamiento un canon anual de 320.000 euros, comprometiéndose a entregar dos locales para que se ubique la empresa municipal de la vivienda y la oficina de atención al ciudadano. Esta concesión la consiguió en octubre de 2005. Sin embargo, en la primavera de 2007 Blanco Balín solicitó a la EMSV autorización para otorgar la cesión del contrato a Artas Consultoría, empresa con la misma Dirección social que Rústicas Mbs.
Por su parte, el PSOE de Boadilla afirma que en uno de los locales se ubicará una comisaría de la Policía Local, por la que el Ayuntamiento abonará 104.000 euros al año en concepto de alquiler, según se recoge, dice el portavoz, Pablo Nieto, en los presupuestos de 2009. Los socialistas de Boadilla pedirán al alcalde que ponga en marcha una comisión de investigación para aclarar la presunta vinculación del Ayuntamiento con la supuesta trama.
"Eliminar" al PP
Fuentes populares han remarcado que la dirección nacional del partido no se ha posicionado aún al respecto porque la investigación sigue su curso, se encuentra en "secreto de sumario" y los detenidos continúan prestando declaración en dependencias policiales.
González Pons sostiene que el PSOE utiliza a la Fiscalía Anticorrupción y a la Policía sólo contra supuestas tramas en comunidades y municipios de este partido, en el marco de una estrategia electoral para "eliminar" a su principal adversario.
El vicesecretario de Comunicación del PP ha puntualizado que las comunidades de Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura o Cataluña, entre otras dirigidas por los socialistas, "nunca reciben órdenes de investigación" de la Fiscalía General del Estado.
"Se está poniendo en peligro el Estado de Derecho en España con la persecución sistematizada del principal partido de la oposición", ha aseverado. En nombre del PP, ha exigido que la justicia sea rápida para que "todos sepamos cuanto antes si estamos ante una peligrosa red de tráfico de influencias o ante una maniobra electoral del partido del Gobierno, utilizando los recursos de la Justicia española". "Cuatro chorizos no son el PP", ha sentenciado González Pons.
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