De acuerdo con El País, González habló en junio de 2008 de la posibilidad de crear esta especie de CNI autonómico legal con Luis Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta entre 1998 y 2004, durante el mandato de José María Aznar, y amigo personal del vicepresidente autonómico.Moro explica que hablaron de "la posibilidad de algún servicio con el amparo y legitimación que tienen los del País Vasco y Cataluña. Era un servicio para proteger informativamente a los altos cargos de la Comunidad autónoma". Su objetivo hubiera sido anular o neutralizar los dossiers que se lanzaban contra él en aquellos tiempos.
Sin embargo, según El País, González aparcó la propuesta porque era "un tema competencia de Granados". Ahora, el 'número 2' de Aguirre no da transcendencia al proyecto pero reconoce que estaba harto de ser objeto de oscuras maniobras, aunque no aclara quién o qué bloqueó el proyecto dentro del Gobierno regional.
En ese momento y siempre según El País, Granados fichaba al ex inspector de policía Marcos Peña, que asumió la dirección de un equipo de ex guardias civiles. Francisco Granados les atribuye unas funciones de contravigilancia, que Peña desmiente y que, según los expertos, la ley les impide ejecutar por carecer la Comunidad de Madrid de competencias para ello. Las labores definidas por Peña perfilan un auténtico servicio de información. Granados lo niega. En este contexto, el proyecto de González y Moro de dar legalidad a un servicio de información fue rechazado.
Moro indica a El País que conocía ya entonces la existencia de un servicio secreto clandestino al servicio de la Comunidad de Madrid. "Tenía alguna información de mis amigos, pero de amigos que no tienen que ver con la Comunidad autónoma. Empezaba a estar acreditado [la existencia de tal servicio secreto ilegal de la Comunidad] entre los medios de la seguridad. Naturalmente, legales. No la mierda que se ha montado ahí".
La Comunidad de Madrid conocía las labores de vigilancia de sus agentes
La Dirección General de Seguridad del gobierno de la Comunidad de Madrid sabía desde el año pasado que sus agentes estaban realizando labores de vigilancia "fuera del marco legal existente", según informa la Cadena Ser.
Esta emisora señala que las labores de vigilancia a las que se refiere son las tareas de información que los agentes realizaban por motivos de seguridad en los lugares que iban a ser visitados por los consejeros en sus viajes oficiales y destaca que los agentes no tenían competencias para realizar esos trabajos. Según fuentes internas de la consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid citadas por la Ser, la dirección de Seguridad convocó a los 36 funcionarios de seguridad en una reunión extraordinaria el pasado 24 de noviembre para informales del nuevo plan de trabajo.
La Cadena Ser asegura que "la principal preocupación era buscar un marco legal a los trabajos de vigilancia e información" que sus agentes realizaban durante las operaciones de protección y seguimiento de personajes de relevancia. De este modo, la dirección de Seguridad propuso que los agentes de seguridad fueran acompañados por policías nacionales. Esta reunión se celebró poco tiempo después de las visitas de Esperanza Aguirre y el consejero de Sanidad Juan José G³emes a varios hospitales madrileños, donde recibieron los abucheos de pacientes y personal sanitario
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