Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada que representa al sindicato en el marco de esta causa se opone a que Frente Cívico pueda ejercer la acusación popular puesto que, "aunque en principio pudiera ser legítima y procedente", ésta "queda desvirtuada" al aseverar que han transcurrido más de tres años sin que la entidad se haya personado, "desconociendo todo el sumario y estando la instrucción en su fase final".
Asimismo, la abogada recrimina que la petición de personarse se fundamente, entre otros motivos, como respuesta a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en las que "aseguraba estar convencido de que a la Infanta le irá bien en este proceso y de su inocencia". A juicio de Manos Limpias, ésta es "una réplica política" a las afirmaciones del jefe del Ejecutivo central.
Por su parte, el juez instructor del caso, José Castro, solicitó este martes la escritura fundacional y los estatutos de la asociación civil, impulsada en 2012, y que acredite asimismo hallarse inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. En base a todos estos datos, el magistrado resolverá si acepta o no que la asociación sea parte de este procedimiento judicial.
La entidad presentó la semana pasada un escrito ante el Juzgado en el que pedía personarse en defensa de los intereses de la ciudadanía, al recriminar cómo ésta "ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos".
En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, el colectivo social afirma querer ejercer la acción popular "contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas" en la causa a raíz de unos hechos que constituyen presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
En este mismo sentido, considera "muy necesario reforzar la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego". De hecho, la entidad apunta a "la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana" motivada por "la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa y que por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público". "Algo que se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera a citar a la Infanta Cristina".