Momentos antes, el tribunal había rechazado dos recursos de la defensa del ex jefe de Estado (1989-1999), uno para apartar a uno de los jueces por supuesta parcialidad y otro para reclamar la nulidad del proceso oral por diferencias con la acusación inicial.
Fue esa medida la que le permitió a Menem eludir la invitación a prestar declaración indagatoria y justificar su silencio, más allá de que no estaba obligado a responder preguntas de los magistrados.
Como la defensa de Menem apelará el rechazo de los recursos ante un tribunal superior, la Cámara de Casación Penal, uno de los abogados del ex presidente, Maximiliano Rusconi, intentó anticiparle a los jueces que su cliente se negaría a declarar, pero estos le reclamaron que dejara hablar al imputado.
"Habida cuenta de que hay cuestiones pendientes, incluso apeladas, he resuelto no declarar en esta audiencia", se limitó a señalar el ex mandatario.
De impecable traje azul, el senador, de 82 años, fue el primer imputado en llegar a los tribunales de Buenos Aires y logró escabullirse de los fotógrafos y periodistas que lo aguardaban en la puerta junto a un grupo de militantes de izquierda que protestaban en la calle con bombos y pancartas contra su gestión.
Menem tuvo que esperar dos horas para el inicio de la audiencia y en ese lapso saludó a su ex ministro de Defensa Óscar Camilión y a su antiguo cuñado, Emir Yoma, quienes junto a otra quincena de imputados enfrentan el juicio oral desde el 16 de octubre pasado.
Acompañado por cuatro abogados y dos custodios, el ex presidente se sentó en una silla que sobresalía del pasillo del recinto y le permitía ver a los miembros del tribunal.
A pesar de que el juicio comenzó en octubre, Menem no asistió a ninguna audiencia y, cuando tuvo que oír la acusación en su contra, consiguió una autorización para hacerlo a través de una videoconferencia desde la norteña provincia de La Rioja, su tierra natal.
Según su defensa, el senador debía guardar reposo por su delicado estado de salud, ya que padecía "un cuadro de estrés, anemia severa, diabetes y alergia".
En la audiencia de hoy, que contó con la presencia de 17 de los 18 acusados, la defensa de Menem planteó que el juicio oral debía anularse porque en la acusación inicial no se aclaraba que el delito se había cometido intencionalmente, una figura que más tarde se le adjudicó a muchos de los inculpados.
También reclamó que se aparte del proceso a uno de los jueces del tribunal que había intervenido en una oportunidad a lo largo de la quincena de años que llevó la investigación de la causa.
Luego de dar su nombre, el de sus padres y de declarar que vive de su salario de senador, Menem fue consultado sobre si tenía otras causas pendientes en la justicia, a lo que respondió con una negativa.
Sin embargo, el ex gobernante ha sido citado para el mes próximo a declarar como sospechoso de haber encubierto a uno de los imputados por la voladura de una mutualista judía de Buenos Aires que causó 85 muertos en 1994.
Además, ha sido procesado por una explosión en una fábrica militar del centro del país, un hecho que según la justicia se planificó para esconder la ausencia de las armas que se habían vendido a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995.
Precisamente, el juicio oral dirime uno de los mayores escándalos del Gobierno de Menem, que incluso en 2000 lo llevó a pasar más de seis meses bajo arresto domiciliario como líder de una "asociación ilícita" dedicada al contrabando de armamento.
El tráfico fue realizado a partir de tres decretos firmados por el ex mandatario y sus ministros para autorizar envíos de armas a Panamá y Venezuela, aunque el destino final fue Croacia y Ecuador, respectivamente.
Esos países estaban en guerra y Argentina no podía proveerles de material bélico porque sufrían embargos de las Naciones Unidas.
Menem está acusado de ser coautor del "contrabando agravado" de armas a Croacia y Ecuador junto con Emir Yoma, Diego Palleros, quien era representante de la estatal Fabricaciones Militares (FM), y la funcionaria de Aduana María Teresa Cueto.
El resto de los acusados son considerados partícipes necesarios para que la maniobra se concretara, condición en la que se encuentran Camilión, el ex titular de FM Luis Sarlenga y el ex jefe de la Fuerza Aérea Juan Paulik, entre otros.