Carvajal, que vinculó las acusaciones al Gobierno a raíz de este caso con la oposición política, declaró a Radio Quito que "evidentemente, cuando se quiere usar (el caso Chauvin) políticamente contra el Gobierno tenemos que responderlos políticamente".
Ignacio Chauvin, que desempeñó el cargo de subsecretario del ministerio de Gobierno (Interior) durante unos meses de 2007, está detenido en un caso en el que se le relaciona con los hermanos Ostaiza, supuestos integrantes de una red de narcotráfico que negociaba con droga presumiblemente proporcionada por las FARC.
A raíz del caso de Chauvin, que también fue un alto cargo del oficialista Alianza País, los partidos de oposición al Gobierno de Rafael Correa han relacionado al Ejecutivo con una supuesta financiación ilegal procedente del narcotráfico y de vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
"Estamos a pocos días del primer aniversario del bombardeo de Angostura y se ha comenzado a erigir una serie de argumentos que parecería que incluso se quiere dar la razón a la intervención colombiana y se han generado una serie de elementos que pretenden involucrar al Gobierno en ese tipo de actividades", afirmó.
Asimismo, recordó las afirmaciones que hizo el pasado sábado Correa, sobre las opiniones de algunos periodistas que tildó de "irresponsables" por tratar el denominado caso Chauvin como "narcopolítica".
"Responderemos, porque aquí también hay una conjunción de intereses que actúan en vísperas de un proceso electoral que buscan generar un manto de dudas frente al Gobierno", indicó el ministro.
Además, Carvajal hizo hincapié en que el caso tiene que investigarse y desarrollarse por la vía judicial y "allí deberá determinarse si hay culpabilidades o no".
"Hemos reiterado que si el fiscal (encargado del caso) necesita algún apoyo adicional al que ya se mantiene, no tenemos ningún problema en brindárselo. Nos interesa que ese caso llegue a ser lo más claro posible", afirmó y agregó que el "Gobierno apoyará todos esos procesos" de investigación.
Por otro lado, Carvajal no desechó la posibilidad de que se produzca una veeduría ciudadana ante el caso y declaró que "con estos rasgos políticos nos interesa para que se demuestre de manera plena y clara cuál ha sido la política del Gobierno".
Chauvin, antes de ser detenido, reveló que mantuvo 7 encuentros con el portavoz internacional de las FARC, "Raúl Reyes" en el ámbito del intercambio humanitario de rehenes, hasta días antes de que éste muriera en el bombardeo colombiano de Angostura.
La operación militar colombiana contra un campamento de las FARC, en la que, además, de Reyes murieron otras 26 personas, se produjo en territorio ecuatoriano, lo que dio lugar a la ruptura de relaciones entre ambos países, porque Ecuador consideró que se había violado su soberanía, situación que se mantiene hasta hoy.
Para Carvajal, la posible veeduría ciudadana del caso Chauvin revelaría la postura del Gobierno de Correa "respecto a las relaciones autorizadas que en su momento se tuvieron con las FARC en el proceso de canje humanitario".
"Varios países, comenzando por Francia, estuvimos dispuestos a poner nuestro contingente en servicio de la liberación de secuestrados", dijo y añadió que esta determinación "fue pública, informada a Colombia y fueron los únicos contactos autorizados por el Gobierno ecuatoriano".