En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana, ha manifestado su satisfacción por el avance de la norma porque su contenido debería ser "el eje de cualquier acción política", y ha augurado que impulsará cambios profundos.
Por ello, ha felicitado a los diputados "por estar en el correcto camino de luchar contra la corrupción dotándose de instrumentos que serán esenciales para atacar el problema", e intentar así regenerar la confianza de los ciudadanos y reducir la desafección política.
A su juicio, el objetivo de la norma supone "un mensaje de esperanza", y ha confiado así en que se puede aplicar de forma satisfactoria siempre que se limen antes algunas aristas del articulado de la ley.
Pese a reiterar que la OAC podría velar por el cumplimiento de la norma, ha respetado la soberanía del Parlament para decidir en qué órganos debe recaer la misión de tutela.
Para De Alfonso, la ley está llamada a integrarse en el actual ordenamiento jurídico y convivir con otras normas y derechos, como el "derecho a saber", y más teniendo en cuenta que la transparencia administrativa está implícita en la tradición democrática en la misma declaración de los derechos del hombre.
NO HAY DERECHOS ABSOLUTOS
También ha comparecido la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, Maria Àngels Barberà, que ha reivindicado que no hay derechos absolutos, por lo que hay que encontrar "un punto de equilibrio" que permita dar satisfacción a los diferentes derechos implicados en la norma.
Así, ha explicado que la búsqueda de la transparencia y la protección de datos persiguen el mismo objetivo, conseguir una sociedad más democrática.