Roberto Brockman, portavoz de la representante de la ONU en Bolivia, la japonesa Yoriko Yasukawa, afirmó que las "Naciones Unidas se ponen a disposición de los actores políticos bolivianos en el caso de que soliciten formalmente un diálogo".
Brockman, citado por el diario La Prensa, agregó que en la ONU se "ve con mucho agrado" que Gobierno y oposición se "hayan puesto de acuerdo en el tema de solicitar observadores" y apuntó que en su oficina sólo esperan una invitación formal.
El presidente del país, Evo Morales, se mostró de acuerdo con que la comunidad internacional supervise la aplicación de la nueva Constitución y el régimen de autonomías en su país, como habían planteado algunos sectores de la oposición regional.
La autonomía departamental está contemplada por primera vez en la historia de Bolivia en la nueva Constitución, cuya aprobación en referéndum impulsó en campaña el propio Morales, que finalmente la promulgó el pasado 7 de febrero.
Los prefectos (gobernadores) opositores de las regiones de Santa Cruz, Beni y Chuquisaca mantienen su rechazo al texto y al modelo autonómico que prevé porque consideran que es insuficiente para sus regiones.
Los gobernadores se han negado a ir a las reuniones convocadas por Morales para discutir la aplicación de las autonomías en un Consejo creado por el Gobierno.
El prefecto de Santa Cruz, el opositor Rubén Costas, fue quien planteó que el diálogo se haga con garantías de la comunidad internacional, que ya participó en la mediación de la crisis política vivida el año pasado por el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.
Costas puntualizó que lo que la oposición requiere no son meros "veedores" o "facilitadores" como sucedió durante el proceso de diálogo en el que participó el año pasado, sino "garantes" que permitan el cumplimiento de los acuerdos firmados.
"No solamente tiene que haber veedores, sino garantes de que lo que se diga y lo que se acuerde, se cumpla ante la comunidad internacional", dijo Costas, citado por el diario El Deber.