Con la abstención del PP, el texto aprobado exige al Gobierno "redoblar las gestiones políticas y diplomáticas que sean necesarias, al máximo nivel", para permitir el retorno de Aminetou Haidar a su hogar. Lo que implicaría incluso la intervención del Rey, según ha declarado el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Una posibilidad de la que se ha desmarcado el Partido Socialista y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y sobre la cual CiU ha expresado sus reticencias.
Mediación de la ONU
Conforme a los deseos de los socialistas, la iniciativa sí menciona expresamente la mediación del secretario general de Naciones Unidas, de su enviado personal para el Sáhara Occidental (Christopher Ross) y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Nevy Pillay) "en relación con las obligaciones internacionales de Marruecos en el territorio del Sáhara Occidental, entre ellas el retorno de Haidar".
Pasaporte y dignidad
Los grupos minoritarios han promovido instar al Reino de Marruecos a permitir "sin más dilación" el retorno inmediato de Haidar al Sáhara Occidental conforme a lo señalado en el artículo 12.4 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que establece que "nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país". A ello se añade la exigencia de que a la activista saharaui "le sean restituidos su documentación y pasaporte marroquíes, confiscados en el aeropuerto de El Aaiún", y que se respete "su dignidad y su derecho a regresar junto a los suyos".
Y referéndum
Finalmente, se completa la redacción que había planteado el PSOE en su segundo borrador para recuperar la doctrina del Parlamento en relación con el Sáhara Occidental, de tal manera que al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui se le añade la mención al referéndum como instrumento para su aplicación.
Así, el texto definitivo insta al Gobierno a "seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental respete la legalidad internacional y sea el resultado del libre ejercicio del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación mediante referéndum de acuerdo con la carta de naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad".
Lo rechazado
El Grupo Socialista ha rechazado, sin embargo, las pretensiones de formaciones como IU y UPyD de aumentar la presión sobre Marruecos suspendiendo su Estatuto de Asociación con la Unión Europea. Las minorías sacrificarían este punto en aras del acuerdo final.
También han quedado fuera las aportaciones del PP, que con sus enmiendas pretendía garantizar "todos los medios legales para preservar la vida de Haidar" mientras dure su huelga de hambre, lo que las minorías no aceptaban, e incluir un reconocimiento de "las continuas contradicciones, desmentidos y rectificaciones" del Gobierno en todo este proceso, algo que, obviamente, el PSOE no podía dar por bueno.
Haidar debe seguir viva
El pacto fue presentado ante el Pleno del Congreso por la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Elena Valenciano, quien subrayó la importancia de que Haidar "no ponga en peligro" su vida y siga defendiendo libremente su causa por otras vías y se dirigió también al Frente Polisario, al que dijo que le gustaría escuchar decir que la vía del suicidio no es la escogida para luchar por su pueblo
"Haidar debe seguir viva para ser una de sus mejores embajadoras en el mundo", enfatizó Valenciano, antes de apuntar que la solución definitiva para el Sáhara deberá respetar el derecho de libre determinación de los saharauis. "No estamos dispuestos a desperdiciar el siglo XXI sin resolver el problema del Sáhara", apostilló.
Tras subrayar que ni España ni el Gobierno socialista son "responsables" de esta "injusta" situación, Valenciano lanzó un mensaje a Marruecos para que no siga impidiendo que la activista saharaui regrese a casa y que tampoco permita que España se convierta en "campo de batalla involuntario" de un conflicto "enquistado" que sólo se solucionará por la vía del diálogo "franco".
CiU apoya la resolución pero rechaza que el Rey deba intervenir