La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces acordó conceder el permiso solicitado por Garzón por tres votos a favor y dos en contra. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, y los vocales Manuel Almenar, Margarita Robles, Antonio Dorado y Almudena Lastra concluyeron que la suspensión de Garzón no es óbice legal para su traslado a La Haya.
Hasta el momento, el CGPJ había recibido los informes del fiscal del Tribunal Penal Internacional, del Ministerio de Asuntos Exteriores español, y el de la Fiscalía General del Estado, todos estos favorables a que se conceda a Garzón un permiso de servicios especiales. Faltaban el del Tribunal Supremo y uno elaborado por el propio CGPJ, que había puesto algunas pegas al traslado de Garzón, lo que no ha sido un obstáculo para que el órgano de gobiernos de los jueces permita finalmente la marcha de Garzón.
Garzón fue suspendido cautelarmente el pasado viernes ante la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y había solicitado un puesto de asesor para incorporarse al Tribunal Penal de la Haya, lo que finalmente va a llegar a cabo.