En concreto, se trata de un delito recogido en el Título XXI del Código Penal, que hace referencia a los delitos contra la Constitución y las Instituciones, otro delito según el artículo 493 sobre la sedes de los órganos legislativos.
También serán acusados por promover manifestaciones contra el órgano legislativo, recogido en el artículo 494 del Código Penal, y por intentar penetrar en las sedes de los órganos legislativos para presentar peticiones, según dispone el artículo 495 del Código Penal.
La Policía acusará a los más de 30 detenidos de estos delitos mayores, además de los correspondientes delitos contra el orden público, daños o desacato a la autoridad entre otras cuestiones.