El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha respaldado hoy a la jefa del Ejecutivo regional madrileño, Esperanza Aguirre, en su decisión de autorizar una comisión de investigación sobre la trama de espionaje en la Comunidad, una medida que la oposición de izquierda considera resultado de un pacto entre ambos.
La Comisión que investigará en la Asamblea de Madrid los supuestos espionajes a políticos de la región se constituirá el viernes 6 de febrero, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara.
Los Grupos tendrán de plazo hasta el día 5 para decidir sus representantes en la comisión, en la que el PP tendrá mayoría (cinco diputados por tres del PSOE y uno de IU) y hasta el día 6 para registrar sus peticiones de comparecencia.
Este mismo viernes se fijará el calendario de trabajo de una comisión que trabajará hasta el 28 de febrero, renovable un mes y que ya ha empezado a ser polémica.
La comisión fue solicitada por los grupos de izquierdas en la Asamblea madrileña, pero hoy el portavoz del PP, David Pérez, ha acusado a los partidos de oposición de no tener voluntad política para llegar al fondo del asunto y les ha atribuido interés por "seguir crispando y diciendo falsedades para sacar el mayor aprovechamiento político posible de la situación".
La portavoz socialista, Maru Menéndez y la de IU, Inés Sabanés, han criticado el funcionamiento de la comisión de investigación, que será como una de control ordinario, con intervención del compareciente, preguntas de los grupos y respuesta del primero.
La oposición ha avanzado que quiere llamar a comparecer a responsables políticos del PP de máximo nivel, como Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Ignacio González, Francisco Granados y Alfredo Prada.
La socialista Menéndez ha expresado su temor a que el PP intente "desvirtuar" el objeto de la investigación y "recorte" su "eficacia", que "vete" comparecencias y que el Gobierno regional se niegue a facilitar "toda la información" que los grupos deseen mientras que Sabanés ha apuntado que, "si el PP pretende ningunear o rebajar el contenido de la comisión, IU no lo va a consentir".
Esperanza Aguirre, que ayer por la mañana dio el visto bueno a la comisión, ha dicho hoy que la aceptó para "determinar si ha habido responsabilidades políticas", pero apuntó de inmediato que no lo cree, en la supuesta trama de espionaje en la Comunidad.
A partir de ahora, "la Justicia debe definir si hubo responsabilidad penal y a la comisión que se forme en la asamblea si la hubo política", según la presidenta regional, que ha vuelto a negar la existencia de un "pacto" con Rajoy para suspender la investigación interna sobre la trama que realizaba el partido.
El propio Rajoy se ha unido hoy a esa negativa y, en rueda de prensa en Barcelona, ha salido en defensa de la líder del PP madrileño: "Tengo la mejor opinión de todos los miembros de mi partido y creo en la presunción de inocencia, y Aguirre me parece una extraordinaria dirigente política".
Rajoy también ha aprovechado para desmentir que en alguna ocasión hayan llegado a sus manos informes sobre seguimientos a altos cargos.
A la Asamblea de Madrid ha acudido hoy uno de los que, según el diario El País, están presuntamente implicados en la supuesta trama: el director del Área de Seguridad de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Sergio Gamón.
La comparecencia de Gamón había sido solicitada por los socialistas en octubre pasado, para explicar los proyectos de su departamento, mucho antes de que estallara el caso, pero ha cobrado notoriedad en el actual contexto.
En la comparecencia, tensa y breve, Gamón ha explicado que su trabajo consiste en "elaborar un estudio sobre las necesidades de seguridad privada en los edificios institucionales dependientes de la Comunidad".
Ha asegurado que su cargo "no dispone de estructura orgánica, ni de programa presupuestario" y se ha desmarcado del registro irregular que tuvo lugar hace unos meses en el despacho de Juan Carlos Fernández, hombre de confianza del ex consejero de Justicia Alfredo Prada, al que El País le vincula.
Gamón ha recordado que la Fiscalía ha "sobreseído" el caso y ha pedido a los representantes de la oposición que sean "justos" con él.