El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha pospuesto sin fecha la declaración como imputados de tres antiguos empleados de la empresa de construcción Unifica Servicios Integrales, que llevó a cabo las obras de reforma de la sede del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid, que inicialmente había previsto para el próximo 7 de mayo, informaron fuentes jurídicas.
El magistrado ha aplazado estas comparecencias a petición de la Agencia Tributaria, que ha reclamado más tiempo para analizar la documentación sobre los trabajos que se llevaron a cabo en la sede 'popular' y una parte de los cuales se pagó con dinero negro, según informó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía. Los funcionarios de Hacienda tendrán de plazo hasta el 30 de mayo para exponer sus conclusiones.
Ruz, que investiga en una pieza separada del 'caso Gürtel' la supuesta contabilidad B del PP, tenía previsto interrogar el 7 de mayo a Laura Montero, que fue directora de Proyectos de Unifica; María Rey, jefa de la obra; y Claudio Montero, jefe de Proyectos en 2008.
También quería tomar declaración ese mismo día como testigos al exjefe de Seguridad del PP y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente; al cajero de la formación Luis Molero; y las también empleadas de la constructora Ester D'Opazo y Noelia Fernández.
DECLARACIONES DE URQUIJO Y SU SOCIA
En un auto dictado el pasado 7 de abril el juez pidió al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda las declaraciones fiscales que presentaron en 2012 el director general de Unifica, Gonzalo Urquijo; su socia, Belén García; la empresa como persona jurídica y las sociedades vinculadas a estos.
El magistrado pidió esta información después de que el informe de la UDEF revelara que ambos tenían cuentas bancarias en el extranjero y que se acogieron a la denominada amnistía fiscal, liquidando, respectivamente, sendas cuotas de 109.445 euros (un 10 por ciento del capital total).
Además, solicitó las declaraciones originales y los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades que Unifica presentó en el ejercicio de 2008, al tiempo que pidió a La Caixa y Banca March que facilitaran información sobre los contratos que tengan los investigados en estas entidades y comuniquen si son titulares de cajas de seguridad.
PAGOS EN NEGRO
Ruz acordó estas citaciones tras recibir un informe de la UDEF que acreditaba que parte de las obras y los honorarios del arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió la remodelación de Génova entre los años 2005 y 2011, fueron sufragadas "con fondos ajenos al circuito económico financiero", correspondientes a la contabilidad paralela que llevaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. En esta constaban salidas correspondientes a 2008 identificadas con Urquijo por valor de 888.000 euros.
El juez destacaba que a partir de este informe se puede deducir "a nivel indiciario" y "con mayor fundamento" que en noviembre de 2013, cuando ya avanzó esta conclusión, que "en el seno del PP" existía "una corriente de cobros y pagos continua en el tiempo, ajena al circuito económico financiero y al margen de la contabilidad remitida por el Partido Popular al Tribunal de Cuentas".
"DUALIDAD EN LAS FORMAS DE PAGO"
La UDEF, que analizó la documentación electrónica y en papel que se llevó de la sede del PP en diciembre pasado y la que obtuvo en septiembre en la sede de Unifica, concluyó que "la duplicidad de certificaciones finales halladas en relación a la ejecución de las obras de las plantas baja, tercera, cuarta y quinta (de Génova) pone de manifiesto la dualidad en la forma de pago de los trabajos".
De esta forma, la empresa que remodeló la sede del PP generó dos tipos de certificaciones. Las primeras, correspondientes a las operaciones "de menor importe", fueron "creadas 'ad hoc' con el fin de adecuar lo pagado por la formación política a través de la cuenta bancaria de la que es titular a la documentación que se genera en la obra (presupuestos, certificaciones y facturas)".
Las segundas, "las de mayor importe" y las que resultaron ser "las verdaderas certificaciones", según la UDEF, recogían "los trabajos efectivamente ejecutados". La diferencia entre ambas se abonó, al menos en parte, con dinero negro.
En relación con la planta segunda de Génova, el juez destacaba que no se encontraron dos certificaciones finales aunque sí una factura de ejecución por valor de 195.000 euros que coincide con una anotación manuscrita de la supuesta contabilidad B de Bárcenas vinculada a Gonzalo Urquijo.
En la misma, según el auto, "se observan errores en cuanto a su contenido, cuya fecha de creación es muy posterior a la fecha que figura como de emisión del documento". Además, Ruz destacaba que, según la UDEF, en el momento en el que se emitió la factura "la cuenta bancaria del PP no poseía efectivo para afrontar el pago de esa cantidad", por lo que concluye que se abonó con dinero B.