Según ha informado este miércoles el TSJC, la Sección Quinta del Contencioso Administrativo recuerda que el Tribunal Constitucional y el Supremo establecen que el castellano sea vehicular en un porcentaje mínimo suficiente, por lo que "corresponde a los tribunales hacer efectivo este mandato" si la administración no fija el porcentaje.
El TSJC considera que la presencia vehicular suficiente de las lenguas oficiales es un mandato constitucional, de manera que "no es una cuestión disponible por los centros docentes", que deben someterse al marco legal, igual que los padres y el resto de agentes de la enseñanza.