Unión, Progreso y Democracia (UPyD) defenderá este martes en el Congreso una proposición no de ley en la que plantea la necesidad de establecer un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuentas por el Gobierno en los indultos tramitados, con especial referencia a los ya concedidos, que se motiven razones de justicia equidad o utilidad pública que los justifican y que éstos puedan llegar a ser recurridos ante los tribunales.
Esta iniciativa, que UPyD registró hace ahora un año, vuelve a ser actualidad después de que en las últimas semanas el expresidente balear Jaume Matas, el exalcalde de Torrevieja Pedro, Hernández Mateo, o el torero José Ortega Cano hayan solicitado al Gobierno sendas peticiones de indulto.
La formación magenta justifica su iniciativa tras observar cómo los distintos gobiernos han utilizado de forma "espuria" la prerrogativa del indulto por "inconfesables" motivos que, a su juicio, "no tienen que ver" con su verdadera finalidad, "sino para compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados al poder".
"HAY CIERTOS ESPACIOS DE IMPUNIDAD"
A su juicio, este proceder no sólo transmite una imagen de "absoluta arbitrariedad, desprestigiando la política y a la propia Administración de justicia", sino traslada a la ciudadanía la idea de que la justicia "no es igual para todos, sino que perviven ciertos espacios de impunidad".
Como ejemplos citaba entonces el indulto al banquero Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander, que le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el que el actual Ejecutivo dio a Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat catalana durante el mandato de Jordi Pujol, y a un empresario, ambos condenados en 2009 por prevaricación y malversación de fondos públicos por el llamado 'caso Trabajo'.
Tampoco olvidaba la formación magenta los indultos que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a los cuatros mossos d'Esquadra condenados por las torturas infligidas a un ciudadano rumano, un caso que, según apunta, causó "una innegable conmoción" a la opinión pública.
INFORME ANUAL ANTE CONGRESO
En la propuesta que llevará este martes a la Comisión de Justicia del Congreso, UPyD pide promover un mecanismo de control parlamentario de los indultos tramitados y los ya concedidos, previa emisión de un informe anual conjunto por parte de los Ministerios de Justicia y Defensa, en el que se detalle los indultos otorgados y los motivos, junto con las propuestas y recomendaciones que fueran necesarias para mejorar el procedimiento de concesión de esta medida.
Además, y para evitar los "abusos", la iniciativa busca que se exija la necesidad de motivar las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifican esta prerrogativa y que, en caso de que se acuerde con la opinión desfavorable de los tribunales, incluir las razones por las que se ha decidido apartarse de esos criterios.
Y es que, denuncia la formación que encabeza Rosa Díez, los reales decretos no dan "la más mínima motivación, confundiendo la naturaleza discrecional de la concesión del indulto con su ejercicio indiscriminado o arbitrario".
Asimismo, UPyD aboga por que se arbitre la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito si se ha concedido de forma "ilógica, fraudulenta o con alarma social". "La única forma de combatir la eventual arbitrariedad del Ejecutivo es introduciendo un control jurisdiccional", arguye el texto.