El enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, ha sido el encargado de trasladar esta petición a los representantes de los ministerios de Exteriores, de Interior y de Justicia con los que se ha reunido hoy en Madrid, aunque el Ejecutivo no descarta que en el futuro Washington pida a España que se haga cargo de más presos.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, entrevistado en Cuatro, ha señalado que todavía no está decidido a cuántos presos recibirá España, porque se necesita un estudio jurídico previo de cada caso, pero ha avanzado que será "un número reducido".
El compromiso alcanzado por la UE es que los países europeos dispuestos a ello acojan a alrededor de medio centenar de prisioneros liberados por Estados Unidos por carecer de pruebas de su implicación en actividades terroristas, por lo que pueden quedar en libertad.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, no ha dado pistas sobre la nacionalidad de los cuatro prisioneros ni sobre las condiciones en las que fueron detenidos, por tratarse de un asunto "sensible".
Sí ha querido dejar claro que su acogida no supondrá "ningún peligro" para la ciudadanía, ya que, aunque queden en libertad, permanecerán bajo un mecanismo de "vigilancia y observación".
Su régimen sería "bastante similar" al que se aplicó a los tres palestinos que España acogió en 2002 del grupo que fue desalojado de la Basílica de la Natividad de Belén, en la que se habían refugiado, y que fueron expulsados por Israel como terroristas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que hoy ha comparecido en la Comisión Constitucional del Congreso, ha insistido en que España está dispuesta a colaborar con el desmantelamiento de Guantánamo en la medida de sus posibilidades y siempre con respeto pleno a la legalidad internacional y nacional y con todas las condiciones necesarias de seguridad.
A su juicio, en la protección de los derechos humanos hay que ser "activos en la denuncia, pero también en los hechos".
Pero el PP, por boca de su portavoz de Exteriores, Gustavo de Arístegui, ha señalado que sería "una grave preocupación" que los presos que traslade Estados Unidos queden en libertad, por lo que ha exigido al Gobierno que facilite "la máxima información".
Ha apoyado que España llegue a acuerdos "razonables" para ayudar a desmantelar Guantánamo -"verdadero agujero negro de los derechos humanos-, pero ha exigido "transparencia", saber qué presos vendrán al país, qué tipo de acusaciones pesan sobre ellos y por qué han estado tanto tiempo en el penal.
La tesis del Gobierno español es que los presos que vengan a España no han de tener cargos judiciales y deben, por tanto, quedar en libertad, aunque bajo un sistema de vigilancia.
En este contexto, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha advertido desde Bruselas de que, si España acoge a reclusos detenidos sin causas contra ellos, su partido exigirá al fiscal general del Estado un procedimiento contra la administración estadounidense por detención ilegal, tortura y secuestro.
Para esta formación, el cierre de Guantánamo no se puede saldar sin "la depuración de responsabilidad penal de los funcionarios que respaldaron la detención ilegal y la tortura".