El alcalde de Vic, Josep María Vila d'Abadal, ha manifestado que la nueva normativa pretende poner orden, avanzar en la integración de la inmigración y poner a las personas inmigradas dentro de la comunidad.
El equipo de gobierno, formado por CiU, PSC y ERC, mantiene que la propuesta es "legal" según sus servicios jurídicos, pero si algún informe de otra administración demuestra la ilegalidad, posiblemente retirarán la medida.
El partido ultraderechista Plataforma per Catalunya, en la oposición en el consistorio de Vic, apoya esta medida, pero la considera insuficiente.
El grupo municipal de los independentistas de la CUP rechaza esta medida porque "es poco ética, insolidaria, electoralista y afecta al 2% de la población", y considera que no "solucionará el problema de la inmigración". Por su parte, el grupo de ICV ha reclamado la retirada de la normativa porque es una medida irresponsable que no tiene una cobertura jurídica sólida.
Desde Madrid, tanto el PP como el PSOE han criticado la norma. Maria Teresa Fernández de la Vega recordó el martes al alcalde de Vic que no es "razonable" que una corporación tome decisiones unilaterales que "no están en el marco de la ley". Y hoy ha vuelto a insistir. La medida "no está cubierta por la ley"; el alcalde de Vic debe ser la "única persona" que la considera ilegal, ha sentenciado De la Vega.
De ser ilegal, retirarán la propuesta
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), ha anunciado que el ayuntamiento pedirá otro informe externo para decidir si aplica la nueva normativa sobre empadronamiento de inmigrantes en situación ilegal.
Los grupos de CiU, PSC y ERC, que integran el equipo de gobierno del ayuntamiento de Vic, han expresado su apoyo a esta nueva normativa, avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
A pesar de ello, el alcalde ha manifestado que pedirán un nuevo informe externo y que si se demuestra la ilegalidad de la medida, retirarán la propuesta.