La magistrada envió el pasado 18 de febrero a prisión al presidente de la entidad, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte, y otros miembros de la cúpula directiva como los hermanos Javier y Óscar Arteaga, Nicolás Sissini y Yolanda Copete Piris.
En el caso del presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, el vicepresidente, Bartolo Conte y los miembros de la 'cúpula' Javier Arteaga y Nicolás Sissini, la juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, un delito de estafa y apropiación indebida, un delito contable y un delito de organización criminal.
Les considera responsables de haber diseñado y participar en un complejo sistema defraudatorio hacia franquiciados, clientes y pacientes, así como a la propia Hacienda Estatal, valiéndose de su cargo como principales responsables de la empresa.
También acordó el ingreso en prisión comunicada sin fianza de Yolanda Copete Piris y Oscar Alteaga Gálvez, presuntos responsables o cooperadores necesarios de delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales, un delito de falsedad en documento mercantil y oficial y un delito de organización criminal.
FRAUDE A LOS FRANQUICIADOS
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó la operación ante la sospecha de que el propietario de la cadena especializada en salud dental estaba exigiendo a sus franquiciados que le pagasen el 10 por ciento de lo acordado en metálico. Los investigadores cifran el fraude en torno a los 10 millones de euros.
En total, en el operativo fueron arrestadas 13 personas en la Comunidad de Madrid y una en Torrevieja (Alicante) y se practicaron numerosos registros, en los que los agentes se incautaron de hasta 1,2 millones de euros en efectivo --400.000 euros en el domicilio del presidente, 100.000 en el despacho que compartían Conte y Sisinni, 66.000 euros en el de Javier Arteaga y 615.000 en el de su hermano Oscar--, así como un avión valorado en un millón de euros, 36 coches, varios de ellos de alta gama, y varias fincas.
Según estas investigaciones, los arrestados formaban parte de un grupo organizado creado dentro de la estructura empresarial, diseñado para eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. El procedimiento que seguía la trama era desviar el dinero que recibían en metálico fuera de España, concretamente a Suiza y Luxemburgo. Luego ese dinero se reinvertía de nuevo en España. Se hacían con artículos de lujo, o creaban nuevos negocios.