Fuentes del Ejecutivo han valorado en declaraciones a Efe la decisión del TEDH, que supone avalar la decisión que adoptó el Tribunal Supremo en 2003 en aplicación de la Ley de Partidos, al considerar que Batasuna formaba parte del entramado terrorista de ETA.
Después de que en diciembre de 2007 el Tribunal de Estrasburgo admitiera parcialmente a trámite las demandas presentadas por Batasuna y Herri Batasuna contra su ilegalización -por presunta violación del derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación-, el Gobierno le instó a rechazar esa pretensión por "ausencia de fundamento".
En su argumentación, la Abogacía del Estado explicaba al TEDH que era precisamente la actitud de Batasuna y HB la que había contribuido a "deteriorar las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, el pluralismo y las libertades políticas, utilizando la violencia para la consecución de sus fines".