Tanto Zelaya como la vicecanciller de Micheletti, Martha Lorena Alvarado, lanzaron sus exhortos desde suelo estadounidense, el primero en Washington, donde mañana se reunirá con la secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, y la segunda en Miami en compañía de los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart.
El depuesto mandatario confió en que en "las próximas horas" el Gobierno de Barack Obama declare que el 28 de junio hubo un golpe militar en su contra y condene de forma "contundente" las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de facto.
El Departamento de Estado estudia la posibilidad de calificar de "golpe militar" el derrocamiento de Zelaya, lo que le permitiría, de acuerdo con la ley de ayuda al exterior, cortar toda la asistencia a Honduras, en concreto, 135 millones de dólares que tiene comprometidos a través de la Millennium Challenge Corporation (MCC).
Zelaya indicó que tratará mañana ese tema con Clinton, así como las violaciones a los derechos humanos y el resultado de la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, en su opinión "debilitada" por la negativa del Gobierno de Micheletti a aceptar el Acuerdo de San José.
Su propuesta no la acepta "el pequeño grupo de insurrectos golpistas de Honduras", que "se burla prácticamente de la comunidad internacional y, además, de la propia Administración de EE.UU,", afirmó Zelaya, quien si bien reconoció algunas medidas de presión de Washington, destacó que aún "hay muchas otras cosas por hacer".
Sin embargo, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, insistió hoy en que EE.UU. sigue pensando que puede "ayudar" al Gobierno de facto a tomar la decisión adecuada -aceptar el convenio- a través de su influencia, exhortos a los actores políticos, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de medidas de presión.
La propuesta de Arias contempla la creación de un Gobierno de unidad encabezado por el mandatario destituido, el adelanto de las elecciones, una amnistía para los delitos políticos y una comisión de la verdad y otra de verificación, entre otros aspectos.
El Acuerdo de San José fue aceptado totalmente por Zelaya, pero Micheletti se opone a la restitución del depuesto jefe de Estado y a la amnistía, por lo que presentó tres contrapropuestas que hoy fueron rechazadas por Arias.
El canciller costarricense, Bruno Stagno, dijo este miércoles que las alternativas "desnaturalizan" el Acuerdo de San José y "no cumplen con la premisa básica de la mediación ni de lo que exige la comunidad internacional", por lo que no fueron transmitidas a Zelaya.
En relación al retorno al poder del derrocado presidente, precisó que sólo se refiere a la posibilidad de su regreso a Honduras, pero para enfrentarse a los tribunales de justicia por delitos que le atribuyen, mientras que siguen las reticencias a la amnistía.
El Gobierno de facto insistió hoy a través de su vicecanciller que lo ocurrido en Honduras no fue un golpe de Estado, sino una sucesión constitucional, pero destacó que, en caso de que sea definido así, la salida legítima son las elecciones.
Por ello, Alvarado se dirigió a Estados Unidos para pedir al Gobierno que ayude a ratificar el proceso democrático de un país que "se ha levantado para detener esa embestida política dirigida por el presidente Hugo Chávez desde Venezuela" y que busca extenderse a toda Centroamérica.
Calificó como "evidente" la intervención de Venezuela en los asuntos internos de Honduras, que, dijo, sufre una "provocación permanente" por parte del Gobierno de Chávez.
"Preferimos estar aislados de la comunidad internacional cinco meses o un año y que EE.UU. no nos ayude, que pasar entre 10 a 20 años bajo un yugo de un régimen comunista", aseveró la funcionaria, quien instó a la comunidad internacional las próximas elecciones.
"Hago un llamado de todo corazón para que no castiguen a mi pueblo", indicó Alvarado, quien criticó a la OEA por haber anunciado que desconocerá los resultados de los comicios del 29 de noviembre, convocados antes del derrocamiento de Zelaya y que, en su opinión, representan una salida legítima a la crisis.
En declaraciones publicadas hoy por el diario Folha de Sao Paulo, Arias admitió por primera vez que esas elecciones pueden poner fin a la crisis en ese país, pese a que la comunidad internacional ha advertido que no reconocerá los resultados si se celebran bajo el régimen de facto.
Si los comicios realizados en países gobernados por "regímenes tiránicos" no hubiesen tenido validez, no se podría "haber conquistado la transición desde los regímenes dictatoriales en Latinoamérica (producto de golpes de Estado) hacia la democracia", dijo.
"Fue con (el dictador chileno Augusto) Pinochet que se realizaron elecciones (en Chile en 1989) y fue con regímenes de fuerza en América Central que tuvimos elecciones", recordó el Premio Nobel de la Paz, si bien advirtió que las negociaciones aún están en marcha.
Pero Zelaya advirtió hoy que unos comicios dirigidos por un régimen ilegal "no representan una salida, sino más bien una profundización de la crisis política".
En Tegucigalpa, los seguidores de derrocado mandatario realizaron este miércoles una nueva marcha por barrios marginales para exigir su restitución en el poder y señalaron que "llegará al país en estos días, antes del 15 de septiembre".
Rafael Alegría, uno de los principales dirigentes del movimiento de resistencia contra el golpe, expresó que emprenderán nuevas acciones "a nivel nacional con las principales organizaciones obreras del país", al destacar que mañana será un día "clave", por la reunión entre Zelaya y Clinton.